La UE analiza si el decreto contra el cierre de centrales respeta sus normas

El ministro de Energía calcula que Iberdrola ofrece la electricidad producida en Lada un 14% por debajo del precio de casación del mercado mayorista

NOELIA A. ERAUSQUIN/ ROSALÍA AGUDÍN / AGENCIAS GIJÓN.

Los detalles del real decreto que prepara el Gobierno para evitar el cierre de centrales eléctricas aún no se conocen, pero la maquinaria de la Unión Europea ya ha comenzado a trabajar para verificar si se adapta a su estricta normativa. El comisario de Energía y Acción Climática, el español Miguel Arias Cañete, confirmó ayer que la institución está analizando la compatibilidad del documento con el derecho de la UE en materia energética y que el pasado jueves mantuvieron una reunión sobre este asunto el director general de Energía del Ejecutivo comunitario, Dominique Ristori, y el secretario de Estado del ramo, Daniel Navia.

«Estamos hablando de un borrador muy preliminar, lo que pasa es que la Comisión anticipa muchas veces el trabajo para entender lo que está ocurriendo en los Estados miembros», explicó Arias Cañete sobre el real decreto con el que el Ejecutivo de Mariano Rajoy pretende evitar la clausura de centrales rentables y que ha anunciado después de que Iberdrola pidiera el pasado día 10 la autorización de cierre de las térmicas de Lada y Velilla (Palencia).

Arias Cañete calificó el encuentro entre Ristori y Navia como un «intercambio preliminar de posiciones», pero insistió en que «cualquier norma de cualquier Estado miembro tiene que adaptarse a la legislación comunitaria», por lo que se están viendo los términos del decreto «para analizar su compatibilidad o no cuando el Gobierno lo notifique». A posteriori se realizará un análisis técnico y, cuando la Comisión Europea tenga una postura, la trasladará al Ejecutivo central. «Esperamos que el Gobierno español sea sensible a los planteamientos de la Comisión y se adapte a las normas del derecho comunitario», recalcó Arias Cañete.

Rentabilidad de las térmicas

La postura del Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital es clara en esta materia. El titular de la cartera, Álvaro Nadal, ha insistido durante esta semana en que las centrales rentables no se cerrarán, ya que esto tendría un impacto en la garantía del suministro y en el precio de la electricidad -2,5 euros por familia si cesa la actividad en Lada y Velilla-. Además, defendió la viabilidad de las térmicas que Iberdrola pretende cerrar. En el caso de la de Lada, aseguró que la compañía «está dispuesta a trabajar de media a 49 euros, unos precios razonablemente bajos, y con una media de casación de 57 euros, ocho euros de diferencia». Su oferta, por tanto, sería un 14% inferior al precio en el mercado mayorista. «Son centrales que tienden a entrar en el sistema cuando se necesitan, muy habitualmente. Tienen volumen de producción y una diferencia entre lo que cobran y sus costes variables», aseguró Nadal, tras reunirse el jueves con el presidente de Iberdrola, José Ignacio Sánchez Galán, y los presidentes del Principado y Castilla y León, Javier Fernández y Juan Vicente Herrera, respectivamente.

No obstante, la decisión del Gobierno central no está tan clara para el secretario general de la Federación Socialista Asturiana, Adrián Barbón, que acusó ayer al Ejecutivo de Mariano Rajoy de esconder tras el real decreto, no su interés por mantener las térmicas, sino las nucleares y, de hecho, le acusó de estar «enredando» la situación. Coincide así con la visión de los socialistas castellanoleoneses que consideran «cruel» la actitud de Iberdrola y dudan de que el decreto sirva para frenar el cierre, porque lo que «verdaderamente» busca Nadal es «alargar la vida útil de las nucleares hasta los 60 años»

Por su parte, Javier Fernández volvió ayer a defender «no solamente el derecho, sino la obligación» del Gobierno central de «procurar evitar que se cierren aquellas centrales que traigan como consecuencia un encarecimiento de la energía» y destacó las consecuencias negativas que tendría el cese de la actividad en Lada, tanto para la economía de la zona, como para las compañías electrointensivas de la región.

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