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Atención a los cambios introducidos por el Tribunal Supremo sobre la retribución de los consejeros delegados o ejecutivos

Atención a los cambios introducidos por el Tribunal Supremo sobre la retribución de los consejeros delegados o ejecutivos
A raíz de la sentencia dictada el pasado 26 de febrero de 2018 por la que el Tribunal Supremo se pronuncia en contra de la postura que se había impuesto hasta el momento, las compañías deberán adaptar esta nueva tesitura, en los supuestos de sociedades no cotizadas
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Lo cual tiene una trascendental importancia no solo para el Consejero ejecutivo que percibe la remuneración y que, al no estar amparada por los nuevos criterios del Tribunal Supremo, podría ver cómo le es reclamada por la propia sino también por la Empresa, que puede tener que enfrentarse a la Hacienda Publica al haber contabilizado la remuneración del máximo ejecutivo de la Sociedad, como gasto deducible.

Si bien hasta la STS del 26 de febrero en curso, se había impuesto la idea de que el art. 249 de la Ley de Sociedades de Capital (LSC) se aplica respecto a los consejeros con funciones ejecutivas, de forma alternativa al art. 217 LSC que establece que genéricamente la Junta General fija, según la redacción que se haya dado en los Estatutos Sociales a la retribución de los Consejeros y, por lo tanto, cuando a un consejero se le delegaban funciones ejecutivas, la remuneración por este concepto no quedaba vinculada al régimen de aquel sino al previsto en el Artículo 249 de la Ley de Sociedades de Capital, que establece que es el Consejo el que fija la retribución del Consejero o Consejeros ejecutivos y que tal retribución es totalmente independiente de la aprobada por la Junta General, con la STS 98/2018, el Tribunal Supremo se pronuncia en contra de esta interpretación.

La anterior interpretación del Tribunal Supremo permitía que el órgano de administración se “saltara” los límites fijados en los Estatutos sociales y por la Junta General relativos a la retribución total anual fijada cada año en concepto de retribución del Consejo de Administración, cuando fijaba la retribución de un Consejero con funciones ejecutivas.

REQUISITOS

De forma resumida, a partir de ahora la remuneración de los consejeros por sus funciones ejecutivas deberá superar los tres requisitos siguientes:

1) Que los Estatutos sociales permitan la remuneración de los administradores/ consejeros.

2) Que la Junta General de socios apruebe el máximo de la remuneración a percibir por los administradores/ consejeros y, en su caso, la política detallada de remuneraciones y

3) Que el Consejo apruebe la delegación de funciones ejecutivas y la remuneración a percibir por las mismas, respetando los límites estatutarios y los fijados en la Junta General de socios.

EN DEFINITIVA, atención, ahora que está próxima la celebración de las Juntas Generales Ordinarias en las que se suele fijar la retribución del Consejo para el ejercicio en curso, pues de no seguirse la interpretación del Tribunal Supremo antedicha, pueden producirse perniciosos efectos tanto para el Consejero Delegado o Consejero Ejecutivo a quien, si se le retribuye de forma contraria a la legislación, podrían reclamarle lo indebidamente percibido, como a las propias Empresas a quienes, como hemos indicado, puede reclamarles la AEAT el importe de gasto por tal concepto al considerar que no es gasto deducible.

Lo anterior supone darle una mayor publicidad a las remuneraciones percibidas por los administradores ejecutivos o consejeros delegados apartándolas de la esfera interna y reservada del órgano de administración y por lo tanto, dotando de una mayor información y capacidad de decisión en esta materia a los socios de las sociedades no cotizadas.

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