El Comercio

Los 'falsos autónomos' disparan las denuncias en la construcción regional

  • La Fundación Laboral advierte de que las empresas «se deshacen» de sus plantillas para abaratar un 40% los costes y pujar a la baja en las licitaciones públicas

Las denuncias presentadas ante la Dirección Territorial de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social del Principado alcanzaron en 2016 la cifra récord de 356. De ellas, 201 se debieron a los llamados 'falsos autónomos', 83 a contrataciones irregulares, 50 a empresas sin trabajadores y 22 a empleados sin asegurar, según los datos de la última memoria de actividades de la Fundación Laboral de la Construcción (FLC).

En el documento se recoge también que la Comisión de Seguridad, Prevención de Riesgos Laborales y Contratación (Coprevas) ha detectado en las obras de construcción de Asturias «numerosas prácticas irregulares por parte de algunas empresas que buscan reducir costes y maximizar beneficios». Dichas actuaciones, agrega, además de poner en riesgo la seguridad y la salud de los trabajadores, «encubren fraude laboral y competencia desleal con las empresas cumplidoras».

La Fundación Laboral de la Construcción (FLC) lleva al menos tres años denunciando esta situación, que afecta también a su propia actividad. Los cursos de formación están cayendo a medida que las empresas recurren a 'falsos autónomos' para ejecutar las obras. De hecho, Asturias es la única comunidad en la que el número de autónomos supera al de trabajadores por cuenta ajena en este sector. Así, según los últimos datos, mientras el número de empleados por cuenta ajena en la región es de 8.224, el de los trabajdores por cuenta propia asciende a los 8.851.

El gerente de la FLC, Armando Adeba, advierte de que las compañías del sector «se están deshaciendo» de sus plantillas para abaratar los costes hasta un 40%. Y ello porque existe «una carrera desenfrenada para bajar los precios de las ofertas con que concurrir a las licitaciones públicas». Ahí radica el problema tantas veces denunciado también por los sindicatos UGT y CC OO.

Cláusulas sociales

Tanto las organizaciones sindicales como la Fundación Laboral de la Construcción insisten en la necesidad de incluir cláusulas sociales en los pliegos de condiciones de las obras públicas, algo a lo que se comprometió el Principado en el marco del acuerdo de la concertación y una cuestión a la que estaría obligado por una normativa europea, pendiente aún de su trasposición en las directivas de contratación de este país.

En el marco de la concertación, los agentes sociales han venido exigiendo al Gobierno regional que el precio no fuera el único criterio de adjudicación, porque se imponían las bajas temerarias que conllevaban problemas posteriores, desde una merma en la calidad de las obras hasta continuos sobrecostes e incluso el abandono de los trabajos. Por ello, modificar los pliegos de licitación de los contratos públicos se convirtió en una de las prioridades en las negociaciones del plan de concertación. Pero esas cláusulas sociales no acaban de plasmarse en todos los contratos. Sí se hizo, por ejemplo, a finales del año pasado en la adjudicación del mantenimiento y reparación de las viviendas públicas del Principado por parte de Vipasa. Las empresas adjudicatarias recibieron mayor calificación por disponer de una plantilla con contrato temporal inferior al 20%, contar con un porcentaje de trabajadores mayores de 45 años y tener un plan de igualdad en vigor.

El gerente de la Fundación Laboral de la Construcción pone como ejemplo de funcionamiento la contratación en los ayuntamientos de Gijón y Avilés, «los únicos de toda la región que disponen de cláusulas sociales que permiten a las empresas competir en igualdad de condiciones».

Más inspecciones

Para atajar el problema de los 'falsos autónomos', la subcontratación excesiva, la precariedad laboral y el incumplimiento del convenio colectivo del sector, el Gobierno del Principado, la Confederación Asturiana de la Construcción (CAC), UGT y CC OO firmaron recientemente un convenio de colaboración, con una vigencia de dos años, por el que la Inspección de Trabajo reforzará el control y la vigilancia en las empresas de la construcción asturianas.

Como se decía anteriormente, esta problemática, junto con la crisis, han afectado al desarrollo de la principal actividad de la Fundación Laboral de la Construcción: la formación. Si en 2008, justo el año del estallido de la burbuja inmobiliaria, se impartieron 344 cursos en los que participaron 5.407 alumnos, en 2016 fueron 115 los cursos por los que pasaron 985 personas. Los números cantan. Pero la FLC no se quedó quieta. Buscó fórmulas y desde 2013 tiene colgado el cartel de 'se alquila' en sus instalaciones de Gijón y Ribera de Arriba. De hecho, ya ha habido alquileres puntuales para determinados actos, pero también ha logrado atraer a la multinacional Chemours, que en octubre se trasladará desde el Valle de Tamón a las modernas y nuevas oficinas de la Fundación Laboral en Tremañes.

Temas

Recibe nuestras newsletters en tu email

Apúntate