Los 28 avalan la reforma para reducir las emisiones de las centrales eléctricas

El acuerdo, a nivel de embajadores, requiere que el Parlamento Europeo de su visto bueno y plantea una bajada del 43% en 2030

E. C. GIJÓN.

Los gobiernos de los Veintiocho avalaron ayer a la reforma que busca reducir las emisiones contaminantes de más de 11.000 centrales eléctricas y plantas industriales de la Unión Europea y que forma del conjunto de medidas para cumplir con los compromisos adquiridos en el Acuerdo del Clima de París. En concreto, los gobiernos de los Estados miembros respaldaron a nivel de embajadores el acuerdo preliminar alcanzado el pasado 9 de noviembre para reformar el sistema de comercio de emisiones de la UE (ETS, por sus siglas en inglés), cuyos cambios se aplicarán a partir de 2021. Tras este paso, la reforma debe recibir ahora 'luz verde' por parte del Parlamento Europeo.

El sistema ETS funciona desde 2005 y limita las emisiones de más de 11.000 centrales eléctricas y plantas industriales a través de un nivel máximo que se reduce cada año. En conjunto, abarca el 45% de las emisiones de gases de efecto invernadero de la UE y el objetivo para 2030 es conseguir un recorte del 43% en las incluidas en este sistema.

Así, el acuerdo recoge que el recorte anual de créditos subastados en este sistema, llamado «factor de reducción lineal», será del 2,2% cada año, frente al 1,74% que se aplica en la actualidad. Este factor podrá revisarse con vistas a incrementar el recorte, pero siempre a partir de 2024.

El factor de reducción lineal de las emisiones pasaría del 1,74% anual al 2,2%, revisable al alza

Además, se duplicará temporalmente, hasta finales de 2023, el número de permisos incluidos en el mecanismo de estabilidad de mercado (MSR). A partir de ese año se pondrá en marcha un nuevo mecanismo que limitará la validez de los permisos que se encuentran en esta reserva.

Por otro lado, la reforma del sistema ETS incluye una serie de provisiones para proteger a la industria europea del riesgo de fugas de carbono, que se dan cuando, por motivos de costes derivados de políticas climáticas, las empresas trasladan su producción a otros países con límites de emisión menos estrictos.

Finalmente, el acuerdo prevé la creación de una serie de mecanismos de financiación para ayudar a los sectores industrial y energético a enfrentarse a los desafíos de «innovación e inversión» en la transición hacia una economía baja en carbón.

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