Condenada la cúpula de Caixa Penedès por el ‘pensionazo’ de 31,6 millones que se autoconcedieron

Cuatro ex altos cargos de Caixa Penedès -encabezados por el que fuera su director general y verdadero factótum de la entidad, Ricard Pagès- han sido condenados este jueves a penas de entre uno y dos años de cárcel, tras reconocerse autores de un delito de administración fraudulenta por haberse autoconcedido un pensionazo de 31,6 millones de euros que empezaron a generar desde 2001. Esta asunción de su responsabilidad jurídica, unido a la devolución del dinero que ya habían cobrado (28,6 millones), propició que la acusación particular que ejercen el grupo BMN (Banco Mare Nostrum) -donde terminó integrándose la caja- y la Fundación Pinnae -heredera de parte de los activos de la entidad- aceptaran modificar su escrito de conclusiones y rebajar así el castigo que pedía.

El juez central de lo Penal de la Audiencia, José María Vázquez Honrubia, ha dado por bueno ese arrepentimiento y el cambio en las solicitudes de las acusaciones, pese a que la Fiscalía Anticorrupción y la Abogacía del Estado -que representaba aquí los intereses del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB)- sí han mantenido su petición inicial de penas, con un máximo de tres años y medio para el propio Pagés. De hecho, el Ministerio Público considera que la condena -la primera por los excesos cometidos durante años en las cajas de ahorros- le da la razón cuando asegura que los cuatro exdirectivos cometieron un delito al actuar a espaldas de los órganos de administración y control de la caja.

De hecho, el propio juez ha dictaminado en su sentencia -que ha leído al finalizar la última sesión de la vista oral- que su conducta fue maliciosa e insidiosa, hasta el punto de que recurrieron a una serie de procedimientos engañosos para obtener sus fines ilícitos y en perjuicio de la propia sociedad. Ha considerado, sin embargo, que también concurre una atenuante muy cualificada al haberse reparado el daño causado, algo que estima realmente anómalo para este tipo de delitos. La Fiscalía, pese a manifestar que no recurrirá el fallo, sí se ha mostrado crítica con el hecho de que no mostraran ese arrepentimiento antes.

Y es que, en poco más de una semana que ha durado el juicio, los cuatro ex directivos han pasado de negar ante el tribunal que hubieran cometido irregularidad alguna, al defender como «normal» -ha dicho- "pensionazo" e incluso argumentar que no recibirlo hubiera sido «discriminatorio» respecto a las jubilaciones -eso sí, mucho más modestas- que obtenía su plantilla, a reconocer que se saltaron la ley con su polémica decisión e incluso causaron un perjuicio importante a la caja.

Con este sorpresivo cambio de actitud de última hora, han logrado ser condenados a penas inferiores a dos años y, por tanto, no tendrán que ingresar en prisión ya que la costumbre jurídica establecida es no hacerlo por debajo de ese límite si no se tienen antecedentes penales. No obstante, el juez aún no se ha pronunciado sobre la forma en que se ejecutara la sentencia en lo relativo a la privación de libertad.

De hecho, de presentarse recursos -algo ya descartado este jueves por todas las partes-, un tribunal superior podría haber llegado a ordenar su encarcelamiento si entendía que concurre alguna circunstancia especial -como la alarma social, por ejemplo-, algo que ya se dio el pasado mes de abril con el llamado caso Pallerols en Cataluña donde las penas por un caso de corrupción eran de siete meses.

Actuaron «en la penumbra»

Según el relato de hechos que se ha considerado probado, por espacio de 10 años (entre 2001 y 2011, ejercicio en que abandonaron sus cargos) el referido Pagès -con un poder «omnímodo»-, junto a los directivos Manuel Troyano, Santiago José Abella y Joan Caellas -el exresponsable de Recursos Humanos Jaume Jorba, ya fallecido, también participó en la operación- se fueron «autoconcediendo derechos económicos no contemplados en sus contratos». Y lo hicieron, añade, «manteniendo en la penumbra» su actuación, mediante informaciones «fragmentarias e incompletas».

Precisamente sin contar la parte correspondiente a Jorba, los cuatro acusados se repartieron de la forma siguiente las polémicas pensiones: 11,6 millones de euros para Ricard Pages, ex director general y cabeza visible de la operación; 5,7 millones para su adjunto y mano derecha, Santiago Abella; otros 6,1 millones para el también ex director general Manuel Troyano y, por último, 4,8 millones para el antiguo directivo Joan Caellas.

Los próximos exresponsables de cajas de ahorros en ser juzgados, ya a finales de año si se cumplen las previsiones, serán los de la CAM por la concesión de préstamos irregulares y el cobro de dietas millonarias. A su vez, los de Novacaixagalicia deberán responder semanas más tarde del cobro indebido de casi 19 millones en prejubilaciones. En ambos casos ya se ha dictado la apertura de juicio oral.