El Comercio

Los acusados de las ‘black’ cierran filas ante el tribunal: no había límite de gasto y Hacienda las conocía

Vista del monitor de la sala de prensa en la Audiencia Nacional donde se retransmite la declaración de Estanislao Rodríguez-Ponga.
Vista del monitor de la sala de prensa en la Audiencia Nacional donde se retransmite la declaración de Estanislao Rodríguez-Ponga. / Juan Carlos Hidalgo (Efe)
  • Rodríguez Ponga, ex secretario de Estado de Hacienda, declara que en Caja Madrid le dijeron que el dinero era suyo pero él solo sabía el saldo anual y no los movimientos

Ya han declarado una decena de acusados en el juicio de las llamadas tarjetas ‘black’ y, de momento, todos han cerrado filas ante el tribunal en torno a una misma tesis: los ‘plásticos’ que les dieron eran para gastos “de libre disposición” y no eran ni mucho menos opacas, o al menos no tanto como se supone porque la Agencia Tributaria tendría conocimiento de que se estaban usando, al menos de forma general al tener acceso a la cuenta de Caja Madrid (y luego Bankia) donde se iban computando los cargos correspondientes. El más firme en defender este miércoles dicha versión de los hechos fue Estanislao Rodríguez Ponga, exconsejero de la entidad de ahorros, quien responsabilizó a esta última de cualquier posible irregularidad.

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Rodríguez Ponga, que al igual que varias decenas más de los hasta 65 acusados por la presunta apropiación indebida de hasta 15 millones de euros con esas tarjetas entre 1999 y 2012 tenía claros vínculos con el mundo de la política, fue el primero de la denominada ‘clase media’ de los acusados en comparecer en la sala de vistas de a Audiencia Nacional tras las declaraciones de los tres considerados máximos responsables: Miguel Blesa, Rodrigo Rato e Ildefonso Sánchez-Barcoj. Según él, la primera vez que le dieron una tarjeta como las citadas fue en junio de 2006 y el entonces secretario general del consejo de administración de la caja madrileña, Enrique de la Torre, le comentó que era “para gastos de representación” y, además, “no tenía que justificarlos”.

Tanto es así, continuó, que llegaron a darle una clave PIN para que pudiera sacar dinero libremente de los cajeros con el único tope de su asignación anual, e insistió en que pese a ser “de representación” entendió, “con arreglo a la ley”, que era “una cantidad fija sin necesidad de explicar en qué me lo gastaba”. “Me dijeron –rememoró a preguntas del fiscal Alejandro Luzón- ‘este dinero es tuyo y podrás disponer de él’”. Lo curioso es que según los movimientos bancarios aportados por Bankia en 2014 Rodríguez Ponga no agotó su saldo anual, pese a que en teoría sería una parte más de su sueldo; pero el acusado negó la mayor, descalificó -como casi todos los acusados- esos archivos Excel por incurrir en “grandes errores”, con gastos “duplicados y triplicados”, y sostuvo que sí lo gastó todo (255.372 euros con su ‘black’ hasta que salió del banco) porque “si no lo agotaba lo perdía”-

El representante de la Fiscalía Anticorrupción aprovechó entonces para detallar parte de sus gastos personales con la tarjeta –era el primer acusado con quien lo hacía- y preguntarle al respecto si no los reconocía. Rodríguez-Ponga le respondió que el problema era que nunca pudo conocer esos movimientos porque Caja Madrid, como dueña de la tarjeta, solo le daba los saldos y él tampoco tenía forma de revisarlos. “¿No pudo saber si le metían 8.000 euros de gastos en Hipercor que usted no había realizado y que iban contra su propio patrimonio?, ¿es esa una forma razonable de gestionar su remuneración no llevar un control de gastos?”, le cuestionó Luzón. Su respuesta, en línea con lo que declaró Miguel Blesa el viernes pasado, fue que como el sistema “llevaba establecido 18 años, yo lo admití como una cosa que venía funcionando de esta manera”.

Sensación de descontrol

En cualquier caso, Rodríguez Ponga no pudo evitar que el tribunal volviera a tener la misma sensación de descontrol interno en Caja Madrid sobre dichas tarjetas que ya sintió oyendo a otros acusados. Y en su caso más agudizada aún porque admitió que, pese a haber trabajado en su asesoría fiscal desde 1999 –luego le reclamaría el hoy ministro en funciones de Hacienda, Cristóbal Montoro, para ser su ‘número dos’-, nunca le pidieron que analizara la trascendencia tributaria de esas tarjetas y tampoco tuvo conocimiento de su existencia (hasta recibir la suya en 2006). Pero ello no fue óbice para que defendiera ante el tribunal que el fisco si las conocía.

“Hemos visto en la causa actas de inspección de Hacienda de 2003 y de 2006 del impuesto de sociedades donde se demuestra que sabia la cuenta donde se cargaban y, por tanto, la existencia de las tarjetas”, afirmó. Incluso añadió que la Agencia Tributaria había suspendida las investigaciones abiertas a los titulares de las mismas por posibles irregularidades, a lo que el fiscal le matizó que se había decidido eso precisamente hasta que concluyera el procedimiento penal abierto.

Las dudas sobre lo qué pasaba con las ‘black’ también se extienden a su contabilización. Cuando le llegó el turno de declarar a Antonio Romero, otro de los consejeros acusados (gastó 252.009 euros), Luzón le preguntó si como miembro de la comisión de retribuciones de la caja de ahorros supo si se incluyeron en el informe anual de remuneraciones, y también en el corporativo. Respondió que cree que si pero lo desconoce a ciencia cierta porque el asunto no pasaba por ellos al ser “una cuestión manejada por la presidencia (primero Blesa y luego por Rato)”. “Se nos daba por hecho”, apostilló para a continuación admitir “con sinceridad” que no sabría decir si en la cifra agregada final se incluyen también los abonos de los polémicos ‘plásticos’.