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El Principado recomienda asesoramiento independiente ante las cláusulas suelo

El Principado recomienda asesoramiento independiente ante las cláusulas suelo

La UCE critica al Gobierno por actuar como «una patronal bancaria» y pide a PSOE y Ciudadanos que «corrijan» los defectos del decreto

NOELIA A. ERAUSQUIN

Martes, 24 de enero 2017, 07:38

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La confianza ciega debe quedar a un lado con la banca, al menos a la hora de aceptar su propuesta de devolución de las cláusulas suelo. Esta fue la advertencia que lanzaron ayer la Unión de Consumidores de Asturias (UCE) y, de forma más velada, la Agencia de Sanidad Ambiental y Consumo del Principado, dependiente de la Consejería de Sanidad. Ambas entidades aconsejaron a los afectados informarse y buscar asesoramiento antes de aceptar cualquier proposición de acuerdo dentro del procedimiento extrajudicial que establece el Real Decreto-ley del Gobierno para zanjar las reclamaciones sobre estas disposiciones hipotecarias, invalidadas el pasado mes por el Tribunal de Justicia de la UE.

En concreto, el Principado recomendó a los afectados que se asesoren bien acerca de cuáles son sus derechos como consumidores, así como de las cantidades que se les deben abonar, antes de aceptar las propuestas de devolución que les ofrezcan sus entidades bancarias. Para recibir información recomendó acudir a la propia Agencia, a las oficinas municipales de información al consumidor o a las asociaciones de consumidores.

La UCE, sin embargo, fue más allá en las críticas y en el consejo de no fiarse. «El cálculo lo hace el banco, ¿por qué hay que confiar en que esa cantidad es real? Hay que asesorarse en la UCE, con un abogado o alguien de confianza», recomendó ayer su presidente, Dacio Alonso, que advirtió de que las entidades pueden llegar a ofrecer 3.000 euros cuando, a lo mejor, deben 8.000.

Alonso se mostró muy crítico con el decreto que va a regular el procedimiento extrajudicial, que considera diseñado en beneficio de la banca, y también con los partidos que lo apoyan. Así, censuró que el Gobierno «actúe como una patronal bancaria», aunque consideró su papel «coherente» con un Ejecutivo que «presionó» al Tribunal Europeo «con un informe apocalíptico para que no diera la retroactividad total». Por tanto, sus reproches no se centraron solo en el equipo de Mariano Rajoy, sino en la actitud de PSOE y Ciudadanos que, con la abstención de los primeros y el apoyo de los segundos, permitirán la aprobación de la norma en el Congreso. «Son ellos los que tienen que explicar por qué van a permitirlo, por qué se han plegado al Gobierno y a su interés por favorecer a los bancos», reprochó el presidente de la UCE, para reclamarles que propicien un cambio en el texto antes de que llegue a la Cámara baja. «Hay margen parar corregir los defectos», señaló.

Desconocimiento

Las críticas de la UCE sobre el decreto son variadas, pero la principal es que no obliga a los bancos a informar a cada cliente de forma fehaciente de que cuentan con una cláusula suelo, lo que hará que muchos de ellos no acudan al mecanismo extrajudicial previsto porque ni siquiera son conscientes de que en su contrato hipotecario existe una disposición abusiva. «Un 40% o un 50% de las familias no lo saben», aseguró Alonso, «y ahí está el engaño». También «lo que se van a ahorrar» las entidades.

Pero las quejas de la UCE van más allá y muchas se realizan en forma de pregunta, como qué pasará con los bancos que fueron obligados por sentencia a retirar las cláusulas suelo y si se verán obligados a devolver las cantidades cobradas de más antes de mayo de 2013; qué sucederá con las familias que ya ganaron los juicios que plantearon, pero a las que solo se les reconoció la retroactividad hasta esa fecha o aquellas que, «mediante otro engaño», aceptaron no realizar más reclamaciones y así poder cobrar.

Otro aspecto sobre el que Dacio Alonso llamó la atención es el de los desahucios, que afectaron en Asturias a unas 3.000 familias, según sus cálculos, que pudieron ser objeto de cláusulas suelo «determinantes» para que se decretara la expulsión de sus casas. En este sentido, recordó que la UCE cifra en entre 8.000 y 10.000 euros la cuantía media que deben devolver las entidades financieras.

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