El Comercio

Restoy llega a la Audiencia Nacional como investigado en el caso Bankia

El exvicepresidente de la CNMV Fernando Restoy.
El exvicepresidente de la CNMV Fernando Restoy. / Efe
  • También declarará hoy el que fuera presidente del supervisor bursátil, Julio Segura, que estuvo al frente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) entre noviembre de 2007 y octubre de 2012

El exvicepresidente de la CNMV Fernando Restoy ha llegado hoy a las 8.37 a la audiencia Nacional para declarar como investigado -lo que antes se conocía como imputado- ante el juez Fernando Andreu, que investiga la salida a Bolsa de Bankia, en julio de 2011.

También declarará hoy como investigado el que fuera presidente del supervisor bursátil, Julio Segura, que estuvo al frente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) entre noviembre de 2007 y octubre de 2012.

Restoy ocupó la vicepresidencia desde octubre de 2008 hasta el mismo mes de 2012, cuando Elvira Rodríguez y Lourdes Centeno asumieron la presidencia y vicepresidencia del organismo.

El martes acudirán los inspectores Pedro Comín y Pedro González, y el miércoles, los exdirectores de Supervisión Mariano Herrera y Jerónimo Martínez Tello; el jueves será el turno del exsubgobernador Julio Ariztegui y del exgobernador Miguel Ángel Fernández Ordóñez.

Andreu ha citado a los ocho exdirectivos a instancias de la Sección tercera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, que consideró que "existían indicios múltiples bastantes" de la comisión de un delito.

La Sala aceptaba así parcialmente el recurso interpuesto por la acusación popular que ejerce la Confederación Intersindical de Crédito (CIC), que reiteradamente había solicitado dichas comparecencias, que el juez Fernando Andreu rechazó hasta en tres ocasiones. Según el escrito de la sala, todos ellos autorizaron la operación de la salida a Bolsa de Bankia "pese a las reiteradas advertencias del equipo de inspección del Banco de España" sobre la inviabilidad del grupo, y de que la solución "no debía ser aprobada, pues suponía grave perjuicio para accionistas, preferentistas y contribuyentes", que cifra en 15.000 millones de euros.

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