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J. M. C.
Martes, 30 de mayo 2017, 08:07
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La antigua directiva de la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM) echó balones fuera en la primera jornada del juicio por el que ocho de sus directivos se sientan en el banquillo por embolsarse retribuciones de 20 millones entre 2010 y 2011, cuando la entidad estaba casi en quiebra. Y lo han hecho para solicitar al tribunal la exclusión de las acusaciones particulares que representan a los afectados por la compra de las cuotas participativas emitidas por la entidad en 2007.
Las defensas alegaron ayer que ya se creó una pieza separada sobre la venta de esos productos, quedando archivada provisionalmente. Es un tema «zanjado», según el fiscal del caso. Los acusados fueron increpados por una veintena de personas al grito de «chorizos». La Fiscalía acusa a la excúpula de impulsar un mecanismo para incrementar de forma ficticia los beneficios de la entidad en 2010 y de asegurarse el pago de una serie de complementos retributivos a los que no tenían derecho debido al estado real de las cuentas de la caja.
Siete de los ocho imputados se enfrentan a penas de cárcel que van desde los diez meses hasta los siete años y medio. Aunque la acusación popular eleva esas peticiones hasta 16 años por los delitos de falsedad en cuentas, estafa y apropiación indebida.
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