Distintos frentes judiciales abiertos sobre el Popular pero sin avances claros

Un cliente saca dinero del cajero de una oficina del Banco Popular en Madrid. /Virginia Carrasco
Un cliente saca dinero del cajero de una oficina del Banco Popular en Madrid. / Virginia Carrasco

Hay más de 300 demandas repartidas por tribunales españoles europeos y estadounidenses, administrativas y civiles, un proceso de arbitraje y una causa penal

José Antonio Bravo
JOSÉ ANTONIO BRAVOMadrid

Los últimos doce meses han servido para que se presenten cientos de demandas de accionistas y bonistas del Popular vinculadas a la polémica intervención de la que llegó a ser cuarta entidad financiera del país y su venta -fuentes del sector bancario estiman unas 300 aunque varias asociaciones de afectados elevan esa cifra–, pero la mayoría ha avanzado poco. Hay casos abiertos en tribunales de España, Europa y Estados Unidos, tanto en la vía administrativa como en la civil, procesos de arbitraje y también una causa penal en la Audiencia Nacional.

Las líneas de responsabilidades que se persiguen tampoco son muy uniformes. Eso sí, en primer plano están los dos últimos presidentes del que otrora llegó a ser el banco español más rentable, Ángel Ron y Emilio Saracho, quienes por separado llevan meses reuniéndose con distintos asesores legales para armar su defensa, además de ir recopilando diferente tipo de documentación. Junto a ellos aparecen, por otro lado, la Junta Única de Resolución (JUR) dependiente de la Unión Europea –que pese a las criticas desde diferentes ámbitos, y más allá de este caso, sigue sin reforzar el sistema de liquidez para proceso de resolución-, que fue la que tomó la decisión final de 'liquidar' el Popular como entidad independiente y, por extensión, el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) como coparticipe.

La JUR aparece en el centro de las demandas presentadas ante distintas instancias europeas, tanto en instancias administrativas como en el propio Tribunal de Justicia de la UE. Allí se han presentado más de medio centenar de recursos contra la polémica resolución del Popular el 7 de junio de 2017, entre ellos, los interpuestos por el accionista chileno Andrónico Luksic -perdió 113 millones con sus títulos- el exconsejero Antonio del Valle y varios grandes fondos de inversión (salvo el estadounidense Pimco) -que se dejaron otros 850 millones-.

El FROB, por su parte, es el foco de los recursos interpuestos en España .ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional- en un intento porque se le declare responsable de alguna forma y, con ello, el Estado termine indemnizando en la cuantía que se fijara luego a los perjudicados. A la vez, en la vía civil diferentes juzgados de Primera Instancia de todo el país han ido resolviendo en los últimos meses demandas de accionistas por la pérdida de su valor (un 75% el día de la resolución y la totalidad tan solo 24 horas después).

En este camino está el empresario Félix Revuelta, fundador de Naturhouse, quien ha promovido una plataforma con otros 200 afectados. Una de las últimas sentencias al respecto la ha dictado el Juzgado de Primera Instancia número 5 de Barcelona, que ha extendido la nulidad de la compra de acciones del Popular en el mercado secundario más allá de la polémica ampliación de capital de 2016, abriendo así la puerta a que haya más perjudicados que puedan demandar. Considera que hubo vicio en el consentimiento de esos inversores porque la falta de liquidez y solvencia que ya presentaba antes el banco fue «enmascarada» a través de unas cuentas anuales que luego se demostraron incompletas.

No obstante, existen dudas sobre el plazo de prescripción de algunas acciones. En concreto, algunos despachos de abogados han advertido de que este jueves vencería el plazo de un año que «establece el artículo 1.902 del Código Civil para exigir responsabilidades por culpa contractual». Después, apuntan, el Santander podría alegar «caducidad de la excepción procesal» y complicaría «mucho» que las demandas nuevas prosperaran. Para evitarlo, dicen, habría bastado con notificar al juzgado que se pretenden llevar a cabo acciones legales por la intervención del Popular. Otras asociaciones de afectados, por el contrario, dicen que no prescribiría hasta que pasen tres años conforme a la normativa vigente sobre el mercado de valores (CNMV).

Documentación confidencial en EE UU

También en EE UU existe otra vía judicial, abierta por el exconsejero Del Valle, uno de los más activos en las reclamaciones. Allí un juez federal de Nueva York ha abierto un procedimiento de tipo 'discovery' contra el Santander, con el que se pretende conocer documentación en teoría confidencial sobre la operación del Popular que por ahora está siendo vetada en Europa. La demanda ha sido admitida a trámite porque la entidad que preside Ana Botín tiene una presencia importante en ese estado norteamericano.

Además, el juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu, el mismo que instruyó el caso sobre la controvertida salida a Bolsa de Bankia en 2011, tiene abierto desde octubre un procedimiento penal instado por distintas asociaciones de afectados, además de la OCU y Adicae. Entre las personas investigadas destacan los dos expresidentes del Popular, Ron y Saracho, además de los principales integrantes de sus cúpulas respectivas, la auditoria PwC y su socio que dio el visto bueno a las cuentas de la entidad. Son, en total, 27 querellados por manipulación de mercado, información contable falsa y otros delitos económicos.

La última instancia que investiga lo que ocurrió con el Popular, en este caso antes de la intervención y centrada en averiguar si se ocultaron pérdidas -aquí durante la etapa de Ron- es la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). Aparte de eso, y ya en el plano político, la comisión parlamentaria que investiga las causas de la crisis financiera en España centrará parte de sus sesiones de julio en este caso. De esta forma comparecerán en el Congreso, entre otros, tanto sus dos expresidentes (el día 12 de ese mes) como su actual responsable, Rodrigo Echenique (día 18).

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