Bruselas pone en duda 440 millones euros en incentivos medioambientales a las térmicas

Bruselas pone en duda 440 millones euros en incentivos medioambientales a las térmicasGráfico

La Comisión investiga si las ayudas a catorce plantas de 2007 a 2016 fueron subvenciones de Estado ilegales

ADOLFO LORENTE

La Comisión se afanó en remarcar que se trata de dos «asuntos completamente distintos», pero la coincidencia temporal es cuanto menos sospechosa. Por sorpresa, como más duele, Bruselas irrumpió en la ‘guerra del carbón’ protagonizada por el Gobierno español e Iberdrola cuestionando la concesión de 440 millones de ayudas públicas entre 2007 y 2016 a catorce centrales térmicas de carbón, que no fueron precisadas «por ser un asunto confidencial», explicaron fuentes comunitarias. El impacto económico podría ser incluso mayor, ya que este tipo de ayudas están previstas hasta 2020.

Los subsidios en cuestión fueron aprobados con el socialista Joan Clos como ministro de Energía y «no fueron notificados en su día a Bruselas». Se trata de «incentivos medioambientales» ideados para ayudar a las compañías eléctricas a cumplir con las limitaciones de emisión de óxido de azufre a través de la instalación de filtros ‘ad hoc’. La ayuda es de 8.750 euros por megavatio al año y está en vigor hasta 2020. Esto, claro, si Bruselas no las corta de raíz al considerarlas ayudas de Estado ilegales, algo bastante probable. Y es que cuando la maquinaria bruselense del área de Competencia se pone en marcha es difícil frenarla, ya que hay bastante trabajo de campo previo. No se parte de cero ni mucho menos.

Pese a todo, el portavoz comunitario Ricardo Cardoso recordó la tradicional coletilla usada por Bruselas para cubrirse las espaldas: «El inicio de un expediente de investigación no prejuzga el resultado de la misma». Eludió hablar de plazos o concretar, por ejemplo, cuántas plantas afectadas ya han cerrado sus puertas. Respecto a la cuantía, no se trata de una multa, sino de unas ayudas que podrían ser declaradas ilegales y que el Gobierno español estaría obligado a recuperar. Las multas, eso sí, llegarían en el hipotético caso de que Madrid se negase a acatar las órdenes de la Comisión Europea, como ocurrió en su día con los casos de las ‘vacaciones fiscales’ vascas o el conflicto de la estiba.

El Gobierno se defiende

«Si contaminas, pagas», zanjó ayer la poderosa comisaria de Competencia, la danesa Margrethe Vestager, quien recordó que las normas sobre ayudas estatales no permiten exonerar a las compañías de cumplir «con sus obligaciones medioambientales con el dinero del contribuyente». «Tememos que el apoyo dado a esas centrales de carbón les confirió una ventaja competitiva desleal», censuró.

La investigación de Bruselas ha estallado en plena batalla por las centrales de carbón en España. Por un lado, está el ministro de Energía, Álvaro Nadal, y por el otro, el CEO de Iberdrola, José Ignacio Galán, que acaba de anunciar su intención de cerrar las dos últimas instalaciones que tiene de estas características en España (Lada, en Asturias, y Velilla, en Palencia) para seguir los dictados de la UE en favor de la lucha contra el cambio climático. El Gobierno de Rajoy ya ha dicho ‘no’ y maniobró impulsando un real decreto aún no aprobado que prohíbe su cierre por cuestiones de seguridad y para no alterar la factura de la luz de los españoles, que «subiría 2,5 euros más al año». Se trata de un polémico real decreto que Bruselas ya está analizando, como señaló el viernes el comisario de Energía, Miguel Arias Cañete.

Fuentes del Ministerio de Energía matizaron que estas ayudas «se financian a cargo del sistema y no con Presupuestos», y recordaron que cuando se constituyeron «no entraban en la definición de ayuda pública» y desde entonces, «la Comisión nunca ha dicho nada pese a conocerlo». Bruselas dice lo contrario, que a alguien se le ‘olvidó’ informarles.

Pola alerta del encarecimiento del 15% de la electricidad si se prescinde del carbón

El consejero de Empleo, Industria y Turismo, Isaac Pola, identificó ayer la transición energética –o, más bien, la incorrecta gestión de la misma– como una de las grandes amenzadas para la región. Una vez más, insistió en que el proceso ha de ser, precisamente, «una transición, en el sentido evolutivo». Y, además, el cambio tiene que ser «equilibrado». Por ello, el consejero volvió a criticar el anuncio de Iberdrola, que ha decidido solicitar el cierre de sus centrales térmicas de Lada y Velilla. Isaac Pola no comparte la decisión de la multinacional eléctrica «ni en el fondo ni en la forma, ya que no va en la línea de una transición equilibrada», indicó. Se refirió también a los aspectos técnicos de un cierre. La desaparición de estas centrales, advirtió, tendría un efecto negativo en la garantía del suministro, «más, en el caso de Asturias, una comunidad con una gran industria electrointensiva». Además, la decisión de Iberdrola también afecta a la logística portuaria, tal y como recordó el consejero.

Pola se reunió la pasada semana con el ministro de Energía, Álvaro Nadal, quien alertó de los efectos que tendría el cierre de las térmicas para el consumidor de apie. Ayer, el consejero recordaba los datos ofrecidos por el ministro. «Los estudios realizados ilustran un incremento del coste de la energía eléctrica en el entorno del 15%», dijo. Algo que, en el caso de la región, «afectaría de forma determinante a nuestro sector industrial».

Tensión sindical

La situación que se ha generado en torno a la central térmica de Lada ha llevado a que UGT y CC OO hayan hecho causa común y el pasado viernes ya anunciaron la convocatoria de movilizaciones inminentes. Hoy, el presidente del Principado de Asturias, Javier Fernández, se reunirá con los secretarios generales de las federaciones de Industria de UGT y CC OO, Jenaro Martínez y Damián Manzano, respectivamente, mientras que el secretario general de la FSA, Adrián Barbón se reunirá con representantes sindicales de la central de Lada, acompañado por José Luis Alperi, secretario general del SOMA, en su calidad de miembro de la Ejecutiva regional socialista.

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