Cuenta atrás para el carbón nacional

El pozo Carrio, en Laviana, uno de los tres que aún mantiene abiertos la hullera pública Hunosa. / JUAN CARLOS ROMÁN
El pozo Carrio, en Laviana, uno de los tres que aún mantiene abiertos la hullera pública Hunosa. / JUAN CARLOS ROMÁN

El plazo para que las minas devuelvan las ayudas o cierren expira el último día de 2018

NOELIA A. ERAUSQUIN GIJÓN.

La minería del carbón en Asturias ya no es lo que era, ni su sombra, pero si nada lo remedia a partir del año que viene podría ser historia. Para el 31 de diciembre de este año no puede quedar ya abierta ninguna explotación de este tipo deficitaria en España y eso aboca al cierre en la práctica a todos los yacimientos subterráneos. Como mucho, podrá subsistir alguno con actividad a cielo abierto, básicamente en Teruel, pero el futuro para los pozos asturianos es muy pesimista.

La posible desaparición de un sector que fue básico para una parte importante de la región es una muerte anunciada. Tras varias reconversiones que fueron mermando el empleo y la capacidad de producción, en diciembre de 2010 se aprobó la Decisión 787 del Consejo relativa a las ayudas estatales destinadas a facilitar el cierre de minas no competitivas. Este documento prorrogaba hasta 2018 la posibilidad de que los Estados concedieran ayudas para cubrir costes relacionados con el carbón destinado a la producción de electricidad, pero exigía para ello una serie de condiciones que debían ser incluidas en el Plan de cierre del Reino de España para la minería de carbón no competitiva. La UE anunció en mayo de 2016 la autorización para que España empleara 2.130 millones de euros para el cierre de 26 yacimientos. La fecha tope que se fijaba era el 31 de diciembre de 2018.

Hunosa
La hullera pública cuenta con 1.098 trabajadores propios y 350 de contratas relacionados con la minería
Carbonar
La única compañía privada del sector en Asturias que no se encuentra en concurso de acreedores tiene 47 empleados propios y 115 de contrata.
Uminsa
En concurso de acreedores, tiene 27 trabajadores en plantilla y otros tantos de contrata.
Asturleonesa
También en concurso, tiene 180 trabajadores y 69 de contratas.

La puntilla estaba puesta. El plan incluye una cláusula que obliga a devolver las ayudas. Es decir, una explotación, aunque haya conseguido ser rentable en este tiempo, para continuar con la actividad debería reintegrar al Estado las millonarias subvenciones recibidas desde 2011, lo que aboca a todas las explotaciones al cierre. Todo el documento, pero principalmente esta cláusula, hizo poner el grito en el cielo a los sindicatos y a la patronal Carbunión, que desconocían el texto remitido a Bruselas.

Los sindicatos piden al Gobierno central que presione a la UE para mantener la actividad

Si el futuro ya se pintaba oscuro desde 2010, la aplicación de la normativa fue aún más dura. Las ayudas contempladas en el Marco de Actuación 2013-2018, que sí fue rubricado por sindicatos, patronal y Gobierno, fueron muy inferiores a las firmadas, tanto por los recortes impuestos por el Ejecutivo de Mariano Rajoy sobre las cifras pactadas como por la ruina empresarial, que obligó al cierre de la mayoría de empresas. Este documento incluía, por ejemplo, que la presencia de carbón español en el 'mix' energético nacional sería del 7,5%, porcentaje que nunca se alcanzó. La negativa de las empresas eléctricas a adquirir el combustible fósil autóctono y la falta de presión de la Administración central para hacer cumplir la normativa llevaron a la mayoría de compañías privadas al concurso de acreedores o la quiebra.

Hunosa, 1.098 trabajadores

Ante este panorama, en Asturias ya solo quedan cuatro empresas dedicadas a la minería del carbón, de las que dependen unos 2.000 empleados, tres privadas (Carbonar, Uminsa y Astur Leonesa) y la pública Hunosa, con 1.098 trabajadores propios relacionados con la minería y 350 de contratas. Tras el cierre del mítico pozo María Luisa, en diciembre de 2016, la hullera cuenta con tres explotaciones: Carrio, en Laviana; Santiago, en Aller; y San Nicolás, en Mieres. Además del Lavadero Batán, también en Mieres, y de la térmica de La Pereda. Por su particularidad como compañía pública, su situación en los últimos años ha sido mucho más favorable que la del sector privado. De hecho, es la única para la que se prevé continuidad. Al margen de la actividad minera, Hunosa desarrolla otro tipo de actividades, como las que tienen que ver con otras energías (geotermia o biogás) o la venta de patrimonio industrial y su puesta en valor.

El futuro pinta peor para las compañías privadas. Carbonar, la única de las que quedan que no se encuentra en concurso de acreedores, explota un pozo en Vega de Rengos (Narcea) y tiene 47 empleados propios y 115 de contrata. Las otras dos sí están en concurso de acreedores. Son Unión Minera del Norte (Uminsa) con 27 trabajadores en plantilla y otros tantos de contrata en el pozo de Pilotuerto (Tineo) y la Compañía Minera Astur Leonesa, en Cerredo (Degaña), con 180 empleados y 69 de contrata.

Lejos queda la época en la que el sector ocupaba a casi 30.000 personas, cifra que cayó en picado desde la adhesión de España a la Comunidad Económica Europea en 1986. De hecho, si en 1990 había casi 25.000 empleados en el sector, un lustro después había 10.000 menos. Y con los puestos de trabajo cayó también la producción. La extracción en Asturias alcanzó en los nueve primeros meses del año -los últimos de los que se tienen datos- 397.751 toneladas, lo que supone una caída del 42,9% respecto al mismo periodo de 2016 y, durante ese ejercicio, la producción fue la más baja de la serie histórica iniciada en 1990.

En este contexto, ¿puede tener futuro la minería de carbón en Asturias?. Resulta poco probable. En el discurso de fin de año, el presidente del Principado pidió flexibilidad para el cierre de las explotaciones. Javier Fernández cree que aún es posible hacer frente a esa «amenaza inmediata» que acecha sobre la minería y reclamó al Gobierno central que exija a la Comisión Europea que permita prolongar esta actividad más allá del 31 de diciembre. El problema es que el Gobierno de España no está por la labor de ejercer esa presión y de fajarse en Bruselas a contracorriente en un clima que va hacia la descarbonización. De hecho, el incumplimiento por su parte del Marco de Actuación 2013-2018 adelantó la crisis de las explotaciones y apenas ha habido interlocución entre los sindicatos y la patronal y el Ejecutivo de Mariano Rajoy o, incluso, entre este y las comunidades afectadas (Asturias, Castilla y León, Castilla-La Mancha y Aragón), aunque algunas estuvieran gobernadas también por populares. Tampoco llegaron las partidas comprometidas de los Fondos Mineros.

Con el cambio en la cúpula del ministerio, un tiempo descabezado durante el Ejecutivo en funciones por la dimisión de José Manuel Soria, asumió la cartera de Energía, Turismo y Agenda Digital Álvaro Nadal. Desde entonces, reconocen los afectados que, al menos, hay conversaciones, pero no se está dando ningún paso que permita definir una política energética que incluya el carbón nacional.

Mientras, los sindicatos piden voluntad política para luchar en la UE por mantener el que es el único combustible autóctono e insisten en reclamar que se convierta en reserva estratégica. El tiempo se agota para salvar el carbón nacional.

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