La compra de la italiana Ilva por Arcelor, en peligro por un recurso sobre su plan ambiental

La planta de Ilva, situada en Tarento, en el sur de Italia, es la factoría siderúrgica más grande de Europa. / E. C.
La planta de Ilva, situada en Tarento, en el sur de Italia, es la factoría siderúrgica más grande de Europa. / E. C.

La región de Apulia y el municipio de Tarento han impugnado ante un tribunal administrativo los cambios introducidos por el Gobierno de Gentiloni y este amenaza con el cierre

NOELIA A. ERAUSQUIN GIJÓN.

No está todo dicho sobre la compra de la siderúrgica italiana Ilva por parte de Arcelor. Tras el anuncio de la Comisión Europea de que sus autoridades antimonopolio investigan sus efectos en el mercado del acero, sendos recursos presentados por la región de Apulia y la ciudad de Tarento ante el TAR (Tribunal Administrativo Regional) de Lecce contra la modificación del plan ambiental hecha por el Gobierno italiano ponen en peligro la operación. La guerra entre administraciones se ha desatado con cruces de acusaciones de una y otra parte y el ministro de Desarrollo Económico, Carlo Calenda, amenaza con el cierre del complejo si la impugnación del decreto del Ejecutivo sigue adelante. Arcelor, por su parte, también ha puesto en duda la continuidad de la operación ante la falta de seguridad jurídica.

El consorcio liderado por Arcelor, AM Ivestco, superó a finales de mayo a su competidor Accitalia, capitaneado por la india Jindal Steel, en la puja por hacerse con Ilva, que cuenta en Tarento con la factoría siderúrgica más grande de Europa. Entonces, ofreció pagar por ella 1.800 millones, frente a los 1.200 de su rival, e invertir 2.300 millones más en una planta que, a pesar de su tamaño, cuenta con unas instalaciones completamente desfasadas desde el punto de vista tecnológico y está muy lejos de cumplir la legislación europea en materia de contaminación, que aún será más restrictiva en los próximos años.

El problema de las emisiones es tan grave en Tarento, que el Ministerio de Sanidad cifra en entre un 20% y un 30% la mayor incidencia de tumores en la zona y hay colegios que, incluso, deben cerrar de forma frecuente porque el aire es irrespirable. De hecho, este fue uno de los motivos que llevó al poder judicial en 2012 a retirar el control sobre la factoría a sus propietarios, la familia Riva, acusándola, entre otros delitos, de desastre ambiental. Para reducir de forma drástica la contaminación, Arcelor prevé invertir 1.150 millones durante los próximos cinco años y otro tanto para lograr incrementar la producción actual de 5,8 millones de toneladas a unos 9,5 -Asturias produce 4,8 y prevé 5 millones en 2019-.

El pasado 29 de septiembre, el Consejo de Ministros italiano modificó el plan ambiental de Ilva, unos cambios que el presidente de Apulia, Michele Emiliano, considera «ilegítimos», ya que extiende hasta 2023 la posibilidad de mantener «actividades del acero en las mismas condiciones». Su objetivo era dar tiempo a Arcelor para acometer las intervenciones anunciadas, pero en opinión de Emiliano el decreto viola «los principios más elementales de publicidad, transparencia e imparcialidad». Detrás de los recursos se encuentra también la preferencia de la región y de Tarento por la oferta de Acciaitalia-Jindal, que ofrecía peores condiciones laborales y más despidos -6.400 frente a los 4.800 de Arcelor -, pero apostaba por una mayor descarbonización de la planta.

La lucha entre autoridades está servida. Por un lado Apulia y Tarento y por otro el Ejecutivo de Paolo Gentiloni, con el que se han alineado los sindicatos. «He decidido que congelaremos las negociaciones sobre Ilva a la espera de la decisión del TAR de Lecce sobre la apelación», ha asegurado Calenda, que pide que se retiren los recursos ante la posibilidad del cierre de Ilva. «Está en riesgo la venta y el plan de reurbanización, espero que se hayan evaluado las consecuencias», ha avisado también, para reclamar unas negociaciones que considera imposibles, «cuando el diálogo se mueve en los tribunales».

El alcalde de Tarento se ha mostrado inflexible. Rinaldo Melucci ha contestado al ministro que él solo responde a su «conciencia y a los tarentinos» y ha añadido que «el chantaje» no le asusta. Mientras, el presidente de Apulia defiende que la apelación no detendrá la adjudicación, sino que, de tener éxito, solo conducirá a un cambio en el decreto ambiental.

Por su parte, Arcelor recuerda que la inversión de 2.300 millones mejorará el desempeño industrial y ambiental, algo que podría ahora verse comprometido. «Es una verdadera y gran pena que nuestra voluntad y capacidad para realizar tales inversiones se vean afectadas por esta apelación. Los inversores internacionales -señala- deben poder trabajar en contextos de seguridad jurídica». En este sentido, el grupo confirma su deseo de proceder con rapidez a culminar la operación.

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