La UCO cree que UGT desvió ayudas para evitar la quiebra de una cooperativa de pisos

Edificio levantado por la cooperativa langrana, con el bajo comercial a medio adecuar.
Edificio levantado por la cooperativa langrana, con el bajo comercial a medio adecuar. / JUAN CARLOS ROMÁN

La organización defiende su derecho a comprarle a una promotora afín un bajo usando para ello «los beneficios obtenidos» de los cursos a parados

Ramón Muñiz
RAMÓN MUÑIZOviedo

La Guardia Civil considera probado que dinero público entregado a entidades de UGT Asturias para la formación de parados y trabajadores acabó desviado a las cuentas de una cooperativa inmobiliaria, para salvarle de la quiebra. La organización, por su parte quita hierro a la operación, y defendería su derecho a reinvertir los beneficios obtenidos de los cursillos como mejor estime.

El centro de esta polémica está en la calle Belarmino Tomás de Langreo, y constituye uno de los ejes de la investigación judicial que desde finales de 2015 analiza un posible fraude en el uso de ayudas públicas y falsedad documental. Los hechos se remontan a 2006, cuando un grupo de familiares de directivos de UGT y trabajadores de la central constituyen la cooperativa Colectivas y Unifamiliares Langreo SCL, con domicilio en la sede central del sindicato. Según el protocolo notarial, entre los que promueven la iniciativa está el hijo del vicesecretario general de UGT, y la hermana de Mónica Menéndez, en ese momento, secretaria de administración de la central y apoderada de Infastur, una empresas de la central.

Para sacar adelante su proyecto, Colectivas y Unifamiliares firma durante los tres años siguientes créditos con Cajastur, por 5,4 millones. UGT los avala todos. En parte de las hipotecas figuran en representación de la organización Menéndez y el vicesecretario, «número 2 y 3 de la ejecutiva del sindicato en aquel momento así como hermana y padre, respectivamente, de dos miembros» de la cooperativa, destaca la Guardia Civil.

Entre los promotores había familiares de directivos de la central y trabajadores

Los fondos permiten comprarle al Principado una parcela a bajo coste, y levantar un edificio. Las 35 viviendas resultantes se despachan en 2010, recuperando de esta forma 4,2 millones. Agotadas las existencias de pisos, la operación residencial resultaba deficitaria en 1,2 millones. La única opción para reequilibrar las cuentas de la cooperativa pasaban por sacar un buen precio de su bajo comercial.

Es ahí cuando entra en juego Infastur, empresa de UGT dedicada a equipar las aulas en centros públicos cuyo uso se le cede. La compañía pone ordenadores, sillas y proyectores, y luego pasa la factura a los entes que se han hecho con la concesión de las subvenciones, que son la propia UGT o IFES, su fundación especializada en enseñanza. Los cursos pagados con fondos públicos constituyen así el 99,9% de sus ingresos comerciales.

La UCO cotejó los costes reales de Infastur con los recibos que gira, encontrando que sus precios estarían inflados y su utilidad sería distinta a la declarada: «Bajo el criterio de los investigadores, Infastur sería una sociedad de carácter eminentemente instrumental que vendría siendo utilizada por el sindicato UGT-Asturias, en necesaria connivencia con la delegación territorial de IFES, para financiarse de modo supuestamente ilícito a partir de la facturación de importantes sobrecostes a IFES en concepto de 'alquiler de dotación y equipamiento de aulas'».

Una inversión inédita

Infastur hace caja con los cursos y se aviene a comprar el bajo comercial, por un millón de euros. Es una operación extraña; hasta ese momento solo trabajaba en edificios públicos, sin adquirir inmueble alguno. Para hacerse con edificios, UGT cuenta con otra sociedad, Localmur.

La apoderada de Infastur, Mónica Menéndez, fue interrogada como investigada. Dijo que «IFES trasladó la necesidad de adquirir locales nuevos en la zona del Nalón, en El Entrego, con la suficiente antelación» a lograr nuevos cursos. «Decidió comprar el local UGT Asturias», ese en concreto «porque se conocía». Menéndez afirmó que «no es cierto que se adquiriera ese inmueble para darle salida al no haberse vendido por otras vías».

Infastur lanza a su inversión más ambiciosa, pidiendo 774.000 euros a Cajastur, y recibiendo otro préstamo de 270.000 euros de Asturgestión de Viviendas, la matriz de las cooperativas de UGT, a la que en los años buenos ha ido nutriendo con sus propios beneficios. También está gestionada por Menéndez. Para lanzar ese flotador, Asturgestión, a su vez, pidió dinero a Cajastur.

Los créditos de Infastur «tenía pensando devolverlos a través de los beneficios obtenidos con el alquiler de las acciones de formación que lleva a cabo» para IFES, declaró su responsable. El acta del interrogatorio recoge cómo el fiscal ahonda en ello: «Preguntada si es correcto decir que iban a pagar el importe de los préstamos formalizados para la adquisición del local con el dinero procedente de las acciones de formación que recibía de IFES, responde que sí, que de lo que Infastur facturaba a IFES».

La compra terminó desequilibrando las cuentas de Infastur y endeudando las de Asturgestión. Eso sí, gracias a ella la cooperativa langreana logró los recursos para cancelar sus hipotecas y disolverse, salvando del aprieto a sus promotores.

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