UGT cree que su imputación se da porque «no hay ningún responsable individual»

Justo Rodríguez Braga, Francisco Alonso, y detrás, a la derecha, Carmen Caballero, después de quedar libres en enero de 2017. /  M. ROJAS
Justo Rodríguez Braga, Francisco Alonso, y detrás, a la derecha, Carmen Caballero, después de quedar libres en enero de 2017. / M. ROJAS

El letrado de la central recuerda que «seguimos a la espera de que alguien nos explique por qué se detuvo a Justo Rodríguez Braga»

R. MUÑIZ GIJÓN.

Luz Divina García, la jueza sustituta que está al cargo de Instrucción número 4 de Oviedo, ha reactivado el caso sobre el supuesto desvío de subvenciones a UGT. Entre las decisiones adoptadas, está la de citar en calidad de investigados -denominación que sustituyó a la de 'imputados'- a la propia central y su fundación IFES. Ambas organizaciones deben designar cada una a un representante que pueda hablar en nombre de las organizaciones y dar explicaciones en un interrogatorio donde estaría asistido de abogado, sin obligación a decir verdad o a declarar.

¿Qué significa la decisión? «Llama a las organizaciones como personas jurídicas, lo que sugiere que no se encuentra acusación contra ningún responsable individual», interpreta Francisco Alonso Díaz, abogado que defiende a la central en este pleito.

La posibilidad de declarar penalmente responsables a las personalidades jurídicas (empresas y organizaciones) fue introducida en la reforma del Código Penal de 2015, para supuestos en los que el delito se comete en nombre o para beneficio de la organización. Quedan exentas de esta calificación las sociedades que tengan implantados mecanismos de control interno que fueron burlados por los supuestos delincuentes. Dado lo reciente de la norma, existen pocos precedentes de su aplicación, aunque muy sonados. Baste el ejemplo del PP, que fue nombrado investigado a título lucrativo de la trama Gürtel, convirtiéndose en el primer partido en democracia en ser imputado.

En el caso de UGT, los atestados remitidos por la Guardia Civil vienen apuntando a una posible «financiación irregular» de la organización. Consistiría en hacerse acreedor de las subvenciones que el Principado concede para la organización de cursos de formación a parados, jóvenes y empleados, y justificar su gasto con facturas infladas. Los beneficios así obtenidos se utilizarían para pagar las nóminas de parte de la organización, a pesar de que los trabajadores supuestamente beneficiados no tenían relación alguna con los cursillos.

UGT viene basando su defensa en asumir que pudo haber algún error en la justificación de los gastos, pero que serían irregularidades administrativas sin relevancia penal. Ahora tiene hasta el lunes para designar quién defenderá esa posición en nombre de la central. La idea de que la imputación a la central diluye de alguna manera las imputaciones previas a, entre otros, el exsecretario general Justo Rodríguez Braga, tiene otra derivada. «Si no hay responsabilidad individual, está todavía menos justificadas medidas personales como la detención», argumenta Francisco Alonso Díaz, del despacho Proley. El letrado sostiene que un año después de aquella redada y las detenciones que considera ilegales «seguimos a la espera de que alguien nos explique» los motivos de los arrestos.

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