Las defensas piden la libre absolución de los acusados en el segundo juicio de La Camocha, que queda visto para sentencia

Última sesión del juicio de La Camocha. / AURELIO FLÓREZ

Alegan «dilación indebida» al juzgarse un hecho ocurrido en 1998 para rebajar la pena

SUSANA BAQUEDANOGijón

Las conclusiones de las defensas han puesto hoy, en la sesión decimoquinta, el punto y final a más dos meses de juicio, el segundo que se celebra por los mismos hechos, y en los que se ha tratado de dilucidar si la dirección de Mina La Camocha compró carbón nacional y de exportación, haciéndolo pasar como propio, para vendérselo a la térmica de Aboño y recibir así las ayudas del Ministerio de Industria. El proceso ha quedado visto para sentencia tras la petición de los abogados de la libre absolución de los cuatro acusados: el presidente de la mina gijonesa, Manuel Martín; la responsable del departamento de contabilidad, Margarita García; el administrador único de Hullas del Coto Quirós, Ángel Manuel García Brugos y el apoderado de esta empresa y también de Trabajos y Explotaciones, Guillermo Alfredo Honrubia Álvarez. Otros dos investigados ya fallecieron; el dueño de la mina, Fernando García Brugos durante la instrucción de la causa, y el director de servicios y exconsejero de Industria del Principado, Víctor Zapico, hace unos meses. Este segundo juicio se repite después de que el anterior fuera anulado por la Audiencia Provincial por «falta de imparcialidad» de la jueza, Rosario Fernández Hevia.

Las defensas argumentaron esta mañana que la compra de carbón no es constitutivo de delito y en ningún caso se alteró la finalidad de las ayudas a la explotación gijonesa, que no era otra que el cierre de la misma, hecho que se produjo en 2008. No obstante, en el caso de que el magistrado del juzgado de lo Penal número 2 de Gijón fallara en contra de los acusados, los abogados apuntan a que no serían tres los delitos sino uno, en tanto en cuanto la empresa recibió una sola ayuda ligada a un plan cuatrianual que se libraba anualmente. Además, piden que se tenga en cuenta la dilación indebida, puesto que se están juzgando unos hechos ocurridos en 1998, hace ya 19 años, con el agravante de que los acusados se han visto sometidos a dos procesos judiciales por el mismos supuestos delitos.

El pasado viernes, el fiscal Luis Miguel Llorente mantuvo su petición de nueve años de cárcel para cada uno de los cuatro acusados. Les acusa de tres delitos contra la Hacienda Pública en su modalidad de fraude de subvenciones, uno por cada ejercicio en el que sucedieron los hechos -1998, 1999 y 2000- en la explotación gijonesa. Solicita, además, 16 millones de multa para cada uno -6,1 millones correspondientes al primer ejercicio, 9,7 al segundo y 187.000 euros al tercero- y una indemnización conjunta al Estado de 16,1 millones.

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