La economía sumergida supera los 3.000 millones de euros al año en Asturias

Oficina integral de la Seguridad Social en la plaza del Carmen, en Gijón. / PALOMA UCHA
Oficina integral de la Seguridad Social en la plaza del Carmen, en Gijón. / PALOMA UCHA

Esta cifra supone el 72% del presupuesto regional o el 66% de la nómina anual de las pensiones, pero podría elevarse a 5.300 millones según una estimación de Gestha

NOELIA A. ERAUSQUIN GIJÓN.

La clave la dio esta semana el exdirector provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social en Asturias en una entrevista concedida a EL COMERCIO. Aunque es difícil de cuantificar, Alfredo Cerezo, que se jubiló el pasado 31 de diciembre, calcula que la economía sumergida supone en Asturias alrededor del 14% de su Producto Interior Bruto. O lo que es lo mismo, una cifra que supera los 3.000 millones de euros anuales, tomando como referencia el último PIB del que hay datos oficiales, el de 2016 (21.696 millones de euros). Por tanto, cada ejercicio se detrae del sistema, al menos, una cantidad similar al 72% del presupuesto del Principado para este año, el prorrogado de 2017, o el 66% de la nómina anual de las pensiones, que se sitúa en la región alrededor de los 4.600 millones. De aflorar, el Estado no ingresaría una cantidad similar, pero sí se aportarían cuantiosas sumas que ahora escapan de él. Además, ese 14% que se reconoce desde la Seguridad Social podría ser mucho mayor, según otros análisis, aunque se trata siempre de cálculos no del todo precisos.

«Por definición no hay datos, obviamente. Si los hubiera, ya no sería economía sumergida. Por ese motivo, lo que se hace son estimaciones indirectas, en muchos casos de carácter fiscal sobre fraude», señala el catedrátido de Economía de la Universidad de Oviedo, César Rodríguez, que recuerda como hace años, en el Levante, cuando los talleres ilegales tenían un especial peso en la industria del calzado, se estimaba el consumo de energía eléctrica de los hogares y, a partir de ahí, se infería la producción clandestina. Por ello no es raro que los cálculos varíen. Una proyección del sindicato de Técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha) cifraba la economía sumergida en Asturias en 2009 en el 20,2% del PIB y en 2012, en plena crisis, en el 24,4%, frente a una media nacional del 23,1%. De ser ciertos estos porcentajes, el dinero en negro en la región se elevaría a cerca de 5.300 millones anuales.

No obstante, según el exdirector provincial de la Tesorería de la Seguridad Social en Asturias, el Principado no es una comunidad especialmente expuesta al fraude, tanto por su estructura económica como por su idiosincrasia. En este sentido, pone más el foco en el Mediterráneo, «quizás también porque allí se mueve más la economía», argumenta.

Para Gestha, la carga impositiva «juega un papel determinante sobre el tamaño de la economía sumergida», pero también señala que, al analizar diferentes países de la OCDE, esta relación no está tan clara, ya que los más desarrollados son los que presentan mayores tasas de presión fiscal y, sin embargo, cuentan con menos dinero negro. Un estudio del año pasado del Instituto de Investigación de Economía Aplicada (IAW, por sus siglas en alemán) sitúa los mayores porcentajes en los países del sur de Europa, entre ellos España. Calcula que la economía en 'B' equivale en el país a 180.000 millones de euros y mueve unos cuatro millones de empleos.

Autónomos y construcción

En lo que Gestha ve una relación clara es entre una mayor tasa de paro, sobre todo de larga duración, y la economía sumergida, y también encuentra un vínculo con el número de autónomos (a mayor porcentaje, más desviación de recursos del sistema), el auge del sector de la construcción y los casos de corrupción. «La variable correspondiente al tiempo parcial ya no presenta unos resultados tan evidentes», señalan los técnicos de Hacienda, aunque también destacan que una de las características de las actividades afectadas es «su heterogeneidad».

Alfredo Cerezo asegura que no existen grandes nichos de fraude en Asturias. Desde la Seguridad Social sí han detectado una bolsa entre las empleadas del hogar -la última reforma para su regularización no ha tenido el éxito esperado- y problemas con grandes y medianas empresas, «que regatean para que afloren todas las retribuciones de los trabajadores». Además, critica que los autónomos puedan elegir su cotización independientemente de sus ganancias.

Sin aportar datos regionales, el último informe sobre economía sumergida, presentado el año pasado por el Consejo General de Economistas, calcula que en España supone unos 168.000 millones de euros, lo que arroja una pérdida de recaudación para la Administración de 26.000 millones. Además, este estudio ofrece hasta una veintena de propuestas para luchar contra estas desviaciones. Entre ellas se incluye la necesidad de educar y concienciar a la población, pero también mejorar la explotación de la información en poder de la Agencia Tributaria. El exdirector provincial de la Seguridad Social en Asturias coincide con estas medidas. Defiende que lo primero es concienciar a la sociedad desde la edad escolar y sancionar adecuadamente el fraude, para lo que reclama más efectivos -dice que hay pocos y «no dan abasto»- y así aprovechar también toda la información de la que dispone la Administración y que ahora no se puede cruzar como se debiera para detectar las desviaciones.

En juego están recursos muy importantes para las arcas públicas. «Detrás de la existencia de un determinado nivel de economía sumergida está lo que una sociedad quiere ser», avisan desde Gestha, que consideran que se trata, básicamente, «de un problema de moralidad».

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