Las eléctricas tendrán que pedir el IRPF a los usuarios que soliciten el nuevo bono social

Las eléctricas tendrán que pedir el IRPF a los usuarios que soliciten el nuevo bono social

Energía les obligará a validar si los usuarios cumplen los requisitos para acceder a la ayuda hasta que esté en marcha el sistema para hacerlo

JOSÉ M. CAMARERO MADRID.

La puesta en marcha del nuevo bono social de la luz del que se podrán beneficiar las familias vulnerables se ha encontrado con una obligación sobre la que las compañías del sector han mostrado sus discrepancias. Es la posibilidad de que sean las propias eléctricas las que soliciten, comprueben y custodien los datos que les faciliten los solicitantes para validar que cumplen los requisitos para acceder a esa ayuda, incluido el relativo a su renta.

En las alegaciones al proyecto de orden ministerial que han presentado las grandes corporaciones integradas en Unesa, y a cuyo texto ha tenido acceso este diario, reclaman al Ejecutivo un cambio de la norma porque tener que realizar esas comprobaciones «resulta tremendamente complejo y prácticamente inviable», además de lo relativo a los costes asociados. Consideran que supondría «una intervención excesiva» en el proceso y, asimismo, puede «redundar en reclamaciones» de los clientes y, con eso, «problemas de reputación» para ellas.

La propuesta de Energía pasa por poner en marcha una aplicación que permita a las comercializadoras de referencia -Iberdrola, Endesa y Gas Natural, entre otras- asegurarse de que los solicitantes pueden percibir el bono. Sin embargo, el texto admite que «hasta que pueda utilizarse esa aplicación», serían las eléctricas las que certifiquen los requisitos «con la comprobación de la declaración» física de la Renta (IRPF) u otros certificados.

Las compañías estiman que, llegado ese caso, «se estaría vulnerando la privacidad y protección de datos» de los consumidores. Y consideran que tal función no debe recaer en ellas, sino que «debe estar a cargo de la administración competente». Por ello, proponen la creación de un registro único para centralizar esos datos. Sin embargo, desde el Ministerio de Energía aclaran que la posibilidad de que las firmas pidan esa información no supone un quebranto de la ley, al contar con un informe previo favorable de la Agencia de Protección de Datos.

Medio año con dos modelos

El sistema está ideado para que la central de datos funcione desde el primer día, pero en el departamento dirigido por Álvaro Nadal admiten que puede haber «fallos» en el lanzamiento de la aplicación, por ejemplo, por una demanda masiva de solicitudes de las familias. El proceso por el que los documentos acreditativos se tramiten físicamente -con la participación de las eléctricas- y no de forma telemática sería, dicen, «solo temporal y como opción de respaldo» para el proceso.

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