Borrar
Línea de envasado de CAPSA en las instalaciones de Granda.
CAPSA dice que la administración «auspiciaba» el intercambio de información entre las industrias

CAPSA dice que la administración «auspiciaba» el intercambio de información entre las industrias

La compañía defendió ante el regulador que los datos que compartió eran «pasados» y «demasiado genéricos» para restringir la competencia

DIANA DE MIGUEL

Viernes, 6 de marzo 2015, 00:29

Necesitas ser suscriptor para acceder a esta funcionalidad.

Compartir

El informe de Competencia que respalda la multa de 88,2 millones de euros impuesta a las industrias y operadores de leche cruda de vaca desvela las razones que esgrimieron Corporación Alimentaria Peñasanta (CAPSA) y Central Lechera Asturiana (Clas) para tratar de desmarcarse de las acusaciones que les imputa el regulador: un intercambio de información con otras industrias sobre precios y estrategias comerciales, que llegaron a materializarse en acuerdos. Práctica que, según el organismo, infringe las normas de competencia y distorsionó durante años el mercado de aprovisionamiento de leche cruda de vaca, pero que las industrias asturianas consideraban «perfectamente lícita», al haberse realizado, según manifestaron, «de modo recurrente y auspiciada por las administraciones competentes», presentes en las distintas mesas de la leche y en los observatorios sectoriales en los que se intercambiaba la información.

En la fase de alegaciones que abrió el regulador durante la tramitación del procedimiento, CAPSA y Clas llegaron a manifestar que el intercambio de información que se les atribuye no podía considerarse de carácter «estratégico», puesto que «no revestía utilidad alguna» y, por ende, no tenía la «aptitud» para producir «efectos restrictivos de la competencia». CAPSA abundó que, en muchos casos, se trataba de «datos pasados» y «demasiado genéricos», que no aportaban «información adicional a la ya disponible públicamente» para reducir la incertidumbre del mercado.

A juicio de la compañía, «realizar determinadas conductas en relación con los ganaderos o la gestión de los excedentes no solo era una práctica inocua, sino que se alineaba perfectamente con los principios de un sector altamente intervenido por la Administración, que propugnaba el equilibrio entre sus diferentes agentes, y en el que la transparencia de precios y el control de la producción eran elementos comunes de la política pública».

Una práctica arraigada

Lo cierto es que las decenas de correos electrónicos, informes internos, 'hojas de excel' y hasta actas de reuniones que engordan el expediente sancionador evidencian que las industrias manejaron durante años a su antojo el mercado repartiéndose explotaciones, intercambiando información sobre volúmenes y estrategias a adoptar con los ganaderos. Y lo que es más sorprendente, que lo hicieron sin ningún pudor y con una naturalidad asombrosa prueba del arraigo de esta práctica, que, de hecho, no era desconocida en el sector, y de una sensación generalizada de impunidad. El regulador concluye que el beneficio ilícito que las industrias sancionadas habrían obtenido fue de casi 820 millones -a CAPSA le atribuye más de 188 millones-, una cifra casi diez veces superior a la multa impuesta ahora por las autoridades de Competencia. En el desglose por empresas, CAPSA y Puleva, se llevaron las sanciones más duras: un 3,3% de la facturación de 2014, que en el caso de la asturiana se traduce en los ya conocidos 21,8 millones de multa. A Clas, por su parte, el regulador le aplica un tipo sancionado del 0,45%.

Las alegaciones de CAPSA y del resto de la industria para tratar de librarse de la sanción fueron desestimadas. Concluye el regulador que, a la vista de las pruebas recabadas, el tipo de información intercambiada por las empresas, «particularmente sobre precios, ganaderos (incluye identidad de los ganaderos y volúmenes de compra de leche a los mismos) y excedentes de leche» debe ser considerada «información estratégica de las empresas, por lo que su puesta en conocimiento al resto de competidores rompe con la lógica empresarial y quebranta las normas básicas del correcto funcionamiento competitivo del mercado. «La transparencia del mercado alegada por las partes que les permitía obtener la citada información por medios distintos al intercambio entre empresas, resulta contradictoria con la existencia de reuniones entre industriales en las que se compartía información relativa a la evolución de los precios futuros, o la existencia de contactos directos y laterales entre empresas referidos a precios pagados muy recientes, desglosados por empresas», apostilla Competencia.

El regulador informó el pasado 19 de noviembre a la Comisión Europea sobre la propuesta de resolución del expediente iniciado en marzo de 2011, a raíz de un informe remitido por el Servicio para la Defensa de la Competencia de Castilla y León y al que, de forma posterior, se sumó una denuncia formulada por el sindicato agrario gallego Unions Agrarias contra las empresas transformadoras de leche recogida en Galicia y empresas distribuidoras de leche. La información recabada a lo largo de la instrucción llevó al regulador a considerar que la sanción a cinco de las empresas incluidas en el expediente y que también habrían violentado la legislación de competencia, entre ellas la también asturiana Industrias Lácteas Asturianas (ILAS), habría prescrito. Una petición, la de prescripción de la infracción, que también fue solicitada por CAPSA y Clas. La primera, por entender que al haber quedado acreditado que «durante 29 meses no mantuvo contacto alguno con las demás empresas expedientadas» debía concluirse que las conductas que se le imputan en los años 2000 y 2004 habían prescrito. Competencia terminó desestimando su petición. Más suerte corrió Clas, a quien el regulador sí eximió de la responsabilidad que le atribuyó en las prácticas anticompetitivas del ejercicio 2004 y que le pemitió reducir la cuantía final de la multa.

La multa a la industria láctea llega en un momento delicado. El 31 de marzo se pondrá fin a casi tres décadas bajo el sistema de cuotas. En este escenario, con la reforma del paquete lácteo recién aprobada, los objetivos de los ganaderos pasan por que se cumpla el período mínimo legal de un año en los contratos con las industrias, que se establezcan precios que garanticen la viabilidad de las explotaciones y, sobre todo, que se asegure la recogida de leche. El fin de las cuotas abre la oportunidad a las explotaciones asturianas de cubrir parte del déficit español, con una producción de 6 millones de toneladas de leche y un consumo de 9,5.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios