El Comercio

Las baterías de cok de la factoría gijonesa de Arcelor.
Las baterías de cok de la factoría gijonesa de Arcelor. / JOSÉ SIMAL

Arcelor y el Principado se enfrentan por la obra de las baterías de Gijón

  • El Gobierno regional defiende que la exigencia de un estudio ambiental completo no supondrá retrasos y la multinacional rechaza que sea necesario

Arcelor tiene claro que tendrá que cumplir con la exigencia de presentar un estudio de impacto ambiental completo para reformar las baterías de cok de Gijón, como le ha requerido el Principado, pero no comparte ni la decisión ni sus argumentos. La Consejería de Infraestructuras, Ordenación del Territorio y Medio Ambiente ha rechazado el estudio simplificado que entregó la multinacional. La resolución fue adoptada atendiendo a un informe de la comisión de asuntos medioambientales, y después de analizar las alegaciones de diversos colectivos ecologistas y vecinales que solicitaban expresamente que se hiciera una evaluación ordinaria, un informe más complejo y exhaustivo que el presentado por la compañía. Desde el equipo de Belén Fernández defienden esta decisión «teniendo en cuenta no solo la magnitud del proyecto y su impacto, sino el efecto acumulativo de su funcionamiento en la situación atmosférica del entorno». Pero la multinacional rechaza esta idea, dado que ya cuenta con una autorización ambiental integrada para toda la factoría y las renovadas baterías de cok contarían con la mejor tecnología disponible en el mercado, ya adaptada a la normativa europea. Por tanto, sigue defendiendo que la evaluación de impacto ambiental simplificada que presentó era suficiente, sobre todo, cuando se trata de mejorar unas instalaciones que estuvieron en funcionamiento hasta 2013 y que son vitales para la continuidad de la siderurgia en la región.

Fuentes de Arcelor calculan que, solo en elaborar el nuevo informe, se tardarán unos tres meses, a los que habrá que añadir para obtener la resolución final los plazos necesarios para nuevas alegaciones y su posterior análisis. La idea de la multinacional para minimizar el impacto en el calendario previsto es adelantar la obra de demolición de las partes de las baterías que no se van a reutilizar, antes de contar con el visto bueno del Principado para la nueva obra. Para ello prevé solicitar de inmediato la licencia al Ayuntamiento de Gijón.

No obstante, el Principado niega «rotundamente» que la nueva exigencia de evaluación de impacto ambiental ordinaria vaya a suponer retrasos en los procedimientos pendientes, ya que también defiende que la legislación requiere otro trámite: la modificación sustancial de la autorización ambiental integrada. Por tanto, argumentan desde la consejería, que aprovechando el tiempo que la compañía tiene que emplear en esta gestión, puede elaborar la evaluación de impacto ambiental ordinaria. Esta tesis choca de nuevo con la que sostiene la multinacional, que no cree necesario realizar cambios en la autorización ambiental integrada que avala la actividad en la planta y, de hecho, no prevé realizarlos.

Riesgo de judicialización

«Solo desde la conciliación del desarrollo industrial con la protección ambiental podrá haber progreso real», justifican desde el Principado, y advierten de que no se pueden «tomar atajos» que podrían «abocar a un alto riesgo de judicialización que trunque el proceso». De hecho, insisten en que lo importante no es solo que las obras comiencen, sino también que terminen y puedan ponerse en funcionamiento.

Pese a estos desencuentros, la consejería se compromete a poner todos los medios a su alcance «para no perder ni un solo minuto» en un procedimiento que, es consciente, debe avanzar «con celeridad y garantías». Por ello, también pide a la empresa que coopere en todo lo posible, poniendo la documentación a disposición de la Administración.