El Comercio

Arcelor evaluará la calidad del aire en su planta de Gijón y el impacto de las nuevas baterías

Las antiguas baterías de cok de Arcelor en Gijón, que dejaron de funcionar en 2013.
Las antiguas baterías de cok de Arcelor en Gijón, que dejaron de funcionar en 2013. / JOSÉ SIMAL
  • El Principado ordena que el informe ambiental también concrete qué medidas prevé adoptar si cesa la actividad en las instalaciones de Avilés, aunque son de la SEPI

El Principado oficializó ayer en el BOPA su exigencia a Arcelor de un estudio de impacto ambiental completo, para la reforma de las baterías de cok de Gijón. La resolución de la Consejería de Infraestructuras, Ordenación del Territorio y Medio Ambiente recuerda que la multinacional deberá ajustarse a lo establecido en la ley 21/2013 y especifica algunos de los requisitos que deberá cumplir. Uno de ellos, relativo a las emisiones a la atmósfera, es la evaluación de la situación actual de la calidad del aire en la zona y de cómo se verá afectada con la puesta en marcha de las nuevas baterías.

En cuanto a las emisiones difusas de partículas y gases, completa la resolución, se tendrá que identificar los puntos de emisión y las operaciones donde se producirán, analizándolas «cuantitativa y cualitativamente, y describiendo las medidas para evitarlas en relación a las MTD, el seguimiento y control de dichas emisiones y las medidas de actuación en su caso».

Además, Arcelor deberá dar respuesta en el informe a todas las propuestas y dudas planteadas en el proceso de consultas por parte de las diferentes administraciones y personas interesadas. Según publica el BOPA, también tendrá que valorar diversos niveles de implantación y reforma de las instalaciones y estudiar los impactos sobre el medio ambiente de cada una de las alternativas.

El Principado no se olvida de los vertidos y ordena que se indiquen los caudales y cargas contaminantes (medios y máximos) que previsiblemente se verterán al colector de industriales de Gijón y que se describan las instalaciones de tratamiento. Del mismo modo, deberán definirse los focos de ruido de las nuevas baterías y la potencia acústica que transmitirán al medio, analizando la situación acústica preoperacional de la zona, así como la que cabe esperar en el futuro.

El punto de la polémica

La resolución recoge un último punto que es, quizá, el que más dudas ha despertado. La consejería exige en él que se concreten las medidas que se adoptarán en caso del cese definitivo de la actividad en las instalaciones de alguno de los actuales emplazamientos de Arcelor, en Gijón o Avilés, indicando «cómo se evaluará el estado del suelo y la contaminación de las aguas subterráneas por las sustancias peligrosas relevantes utilizadas, producidas o emitidas por la instalación». Igualmente, concluye, «se indicarán las medias destinadas a retirar, controlar, contener o reducir» estas sustancias peligrosas y los posibles destinos de los terrenos. La razón por la que llama la atención este requerimiento, que parece hacer una clara alusión al anuncio de Arcelor de cesar la actividad en las baterías de cok de Avilés, es que dichas instalaciones no pertenecen a la multinacional sino a la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI). Arcelor tiene arrendadas las baterías y el terreno, pero fuentes siderúrgicas señalan que lo lógico es que sea su dueño y no el gigante del acero quien tendrá que decidir sobre sus futuros usos, entre otras cuestiones.

Cabe matizar, además, que la empresa no prevé jubilar las baterías avilesinas hasta 2019, siempre y cuando las gijonesas ya estén para entonces en funcionamiento. Y son muchos los cambios normativos -la ley es cada vez más restrictiva- que pueden sucederse hasta ese momento, lo que restaría trascendencia a cualquier estudio que pueda realizarse en la actualidad.

Las reacciones ante la publicación del BOPA han sido variadas. Desde la multinacional, insisten en que ya se está trabajando en la preparación de toda la documentación que exige un estudio medioambiental completo. Por su parte, la Coordinadora Ecoloxista d'Asturies se felicita por la decisión de la consejería y confía, ahora, en que la tramitación «no sea como otras muchas veces un coladero del Principado».