El Ayuntamiento de Gijón culpa a la política del Principado del cierre de Agalsa

«Agalsa no es una empresa más para el Ayuntamiento de Gijón». Su teniente alcalde, Fernando Couto, se expresaba así ayer para reflexionar sobre la situación que atraviesa la empresa de Tremañes, que el pasado lunes solicitó un concurso voluntario de acreedores y abrió un ERE de extinción para 102 de sus 130 trabajadores. «Es una firma muy importante, con historia y una gran carga de trabajo», ahondaba.

A su juicio, «se repite un problema que ya sucedió con las compañías de Tenneco, Suzuki y Gijón Fabril». Por ello, no dudó a la hora de sugerir que «lo que hay de fondo es un problema con la política industrial del Principado».

La polémica está servida. Las acusaciones de Fernando Couto al Gobierno regional se extienden también a Sogepsa, que en este mismo periódico ha relatado sus intentos por llegar a un acuerdo con Agalsa, que le debe 4,5 millones por la compra de una finca de 55.000 metros cuadrados en el área industrial de Lloreda, y la falta de voluntad de esta empresa por buscar una solución que contribuyera a mantener la actividad y el empleo en la planta gijonesa. El teniente alcalde utilizó a Sogepsa para a apuntar de nuevo al Ejecutivo regional. «Sogepsa puede decir lo que quiera, pero no ha llegado a ninguna solución, y eso no apora nada ni a Sogepsa ni a Agalsa, y la sociedad mixta de suelo es responsabilidad del Principado». Otra de las reflexiones de Couto hacen referencia al concurso de acreedores solicitado por Agalsa. «Llama la atención que habiendo ventas en la empresa, como dicen los sindicatos, se llegue a esta situación».

Vigilancia en la planta

Los trabajadores de Agalsa calculan que solo en la caldera hay zinc por un valor superior a 1,5 millones de euros, al que hay que sumar el material apilado en las instalaciones de la nave y que, desde hace un mes, cuando la dirección de la firma les comunicó su intención de solicitar concurso de acreedores, vigilan para evitar que la empresa lo saque antes de que el administrador concursal lo pueda valorar. «Es una garantía para nosotros», aseguran fuentes sindicales. Por ello, hacen turnos durante las 24 horas de día. Ayer hubo revuelo. La Policía tuvo que abrir paso para que un camión cargado con polvo de zinc entrara en la planta de Oxicinc, a la que se accede a través de la de Agalsa. Oxicinc pertenece al mismo grupo, pero no se encuentra en concurso de acreedores. Al contrario que los empleados de Agalsa, a los que se les adeuda las nóminas de diciembre y enero, a la plantilla de Oxicinc, con 28 trabajadores, sí se les ha pagado el salario correspondiente, salvo a dos de ellos. «Les tienen castigados por, supuestamente, apoyar nuestra causa», dicen fuentes sindicales.

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