Competencia investiga un cártel del montaje y mantenimiento industrial

Inspecciona diversas empresas por prácticas anticompetitivas, como el reparto de proyectos licitados por sus clientes

S. B. GIJÓN.

La CNMC (Comisión Nacional de Mercados y la Competencia) investiga posibles prácticas anticompetitivas en el mercado de prestación de servicios de montaje y mantenimiento industrial incluyendo, en particular, los sectores petroquímico y energético. Las prácticas habrían incluido el reparto de proyectos licitados por sus clientes. Al parecer, en Asturias al menos tres compañías estarían bajo la lupa de este organismo.

Los pasados días 4, 5, y 6 de julio se realizaron inspecciones domiciliarias en las sedes de varias empresas que operan en el citado mercado. La CNMC ha contado con la colaboración de inspectores de las Autoridades de Competencia autonómicas donde se ubican algunas de las empresas inspeccionadas.

Las inspecciones suponen un paso preliminar en el proceso de investigación de las supuestas conductas anticompetitivas y no prejuzgan el resultado de la investigación ni la culpabilidad de las empresas inspeccionadas. Si como resultado de la inspección se encontrasen indicios de prácticas prohibidas por la Ley de Defensa de la Competencia, se procederá a la incoación formal de expediente sancionador.

Los acuerdos entre competidores constituyen una infracción muy grave de la legislación de competencia, que puede conllevar multas de hasta el 10% del volumen de negocios total de las empresas infractoras.

La investigación de los cárteles constituye una de las prioridades de actuación de la CNMC, dada la especial gravedad de sus consecuencias sobre los consumidores y el correcto funcionamiento de los mercados. Para ello se cuenta, entre otros, con el programa de 'clemencia', que permite a las empresas que forman parte de un cártel beneficiarse de la exención del pago de la multa, siempre y cuando aporten elementos de prueba que posibiliten a la CNMC su detección.

Multa hace un año

Hace ahora un año, la CNMC impuso una multa de 5,6 millones de euros a cuatro empresas y nueve de sus directivos por repartirse las adjudicaciones de los suministros de desvíos ferroviarios -aparatos que permiten el desdoblamiento de las vías mediante agujas- y otros elementos complementarios del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif). De esas compañías, dos eran asturianas, Talleres Alegría y Duro Felguera Rail, a las que correspondieron las sanciones de mayor cuantía, casi 1,8 millones para la primera y cerca de 1,5 en el caso de la segunda. Además, también se castigó a pagar a sus directivos más de 35.000 euros. El regulador consideró que las dos sociedades asturianas, junto a Amurrio Ferrocarril y Jez Sistemas Ferroviarios, formaron un cártel que acordaba los precios y otras condiciones comerciales e intercambiaba información sensible para repartirse contratos para la construcción líneas de Alta Velocidad (AVE) licitados por Adif y su antecesor, Gestor de Infraestructuras Ferroviarias (GIF).

Según Competencia, su estrategia se habría desarrollado durante quince años y consistía en optar a los contratos mediante la figura de Uniones Temporales de Empresa (UTE) «sin justificación y de forma permanente», ya que, afirma, tienen el suficiente tamaño y capacidad para operar en solitario.

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