El Consejo de Duro decidirá el futuro de Del Valle y sobre los avales para reactivar el grupo

El artículo 24 del reglamento del Consejo de Administración de Duro establece que los consejeros deberán poner su cargo a disposición del máximo órgano ejecutivo y, en su caso, formalizar la correspondiente dimisión en el caso en que «concurran circunstancias que puedan perjudicar al crédito y reputación de la sociedad, en particular, cuando aparezcan como investigados en causas penales, así como de sus posteriores vicisitudes procesales».

El citado artículo continúa: «En particular, si un consejero resultada procesado o se dictara contra él auto de apertura de juicio oral por alguno de los delitos señalados en la legislación societaria, el Consejo de Administración examinará el caso tan pronto como sea posible y, a la vista de sus circunstancias concretas, decidirá si procede o no que el consejero continúe en su cargo». Ahora bien, en el caso de que los consejeros decidiesen que Del Valle permanezca como presidente, se expondrían a recibir demandas de responsabilidad individual y social y a responder con su patrimonio si se demuestra que del Valle impide la buena marcha de la empresa. Según fuentes jurídicas, las primeras podrían presentarlas cualquier socio o tercero cuyos intereses se hubieran visto perjudicados, si bien las de responsabilidad social solo pueden presentarlas los accionistas que tengan un mínimo del 50% de los títulos.

Así, por tanto, la esposa de Del Valle, Beatriz Álvarez, hija de quien fuera el accionista mayoritario Gonzalo Álvarez Arrojo y que hoy controla la mayoría de los títulos de la familia; Teresa Arias, que representa al segundo accionista bajo el nombre de Inversiones Río Magdalena, junto con el resto de miembros del Consejo, que son José Manuel López Vázquez, Javier Sierra Villa, Ricardo Córdoba, Elena Cabal Noriega, Francisco Javier González Canga, Acacio Faustino Rodríguez García y Secundino Felgueroso Fuentes, tienen en sus manos una importante decisión.

Como se publicó, el juez Ismael Moreno, de la Audiencia Nacional, ha decidido investigar la demanda de Anticorrupción al ver indicios que apuntan a que la empresa asturiana habría pagado un viceministro de Energía en el Gobierno de Hugo Chávez, 105 millones de dólares, a cambio de mediar en la adjudicación de una central, y también por indicios de blanqueo de capitales. También está imputado el antecesor de Ángel del Valle, Juan Carlos Torres Inclán y ex altos cartos venezolanos.

En el próximo Consejo de Duro se podría conocer también la respuesta de sus miembros al planteamiento que le ha hecho la banca. Las entidades acreedoras están dispuestas a avalar la mitad de los 30 millones que Duro necesita para reactivarse si los principales accionistas del grupo aportan garantías personales por los otros 15 millones, como adelantó este periódico.