El Constitucional italiano declara ilegal el decreto que permitió a Ilva mantener la actividad

El tren de chapa de Gijón, la instalación que más preocupa /  L. SEVILLA
El tren de chapa de Gijón, la instalación que más preocupa / L. SEVILLA

N. A. E. GIJÓN.

La pelota está en el tejado de la UE, pero no únicamente en él. La compra de Ilva no solo se puede torcer para Arcelor en Bruselas, también la justicia italiana tiene mucho que decir, aunque sea por errores del pasado, tanto de la familia Riva, anterior propietaria de la factoría y a la que fue expropiada, como a sus actuales responsables, dependientes del Gobierno. Ayer, la Corte Constitucional de Italia declaró ilegal un decreto que permitió a la planta mantener la actividad hace tres años.

El documento se remonta a 2015. Tras la muerte de un trabajador en uno de los hornos altos por no contar con la protección adecuada, los jueces ordenaron el cese de la actividad en la instalación por problemas de seguridad. Sin embargo, esta medida fue levantada días después al considerar la factoría una planta de «interés estratégico nacional».

Ahora, la sentencia da un varapalo a aquella decisión y declara «inconstitucional» aquel decreto que permitió mantener la actividad. «El legislador privilegió solo las necesidades de la iniciativa económica y sacrificó por completo la protección, incluso de la vida, así como la seguridad y la salud de los trabajadores», censura el fallo.

Esta decisión «no tiene ningún impacto en la continuidad de la producción», defendió ayer Enrico Laghi, uno de los comisarios de la administración extraordinaria de Ilva. Sin embargo, la sentencia abre la puerta a nuevos recursos y también sirve de apoyo al municipio de Tarento y a la región de Apulia, donde se ubica la factoría, que han llevado a los tribunales la modificación del plan ambiental hecha por el Gobierno italiano el pasado año y que extiende hasta 2023 el plazo que da a Arcelor para que, una vez que tome posesión de la planta, la adecúe a la normativa medioambiental. El Ejecutivo asegura que estos recursos pueden poner en peligro la operación de compra y las inversiones comprometidas por la multinacional, pero quienes critican la ampliación del plazo defienden que lo primero es proteger la salud de los ciudadanos.

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