Las defensas de La Camocha piden al juez que aplique como atenuante la «dilación» del juicio

Los cuatro acusados siguen las intervenciones de sus abogados en el juicio, que ayer quedó visto para sentencia.
Los cuatro acusados siguen las intervenciones de sus abogados en el juicio, que ayer quedó visto para sentencia. / AURELIO FLÓREZ

El proceso queda visto para sentencia y los acusados reclaman que en el caso de que se dicte un fallo condenatorio se tenga en cuenta que fueron juzgados dos veces por los mismos hechos

SUSANA BAQUEDANOGIJÓN.

El juicio de Mina La Camocha ha quedado visto para sentencia después de que las defensas expusieran ayer sus conclusiones. Prácticamente las mismas que en el juicio anterior y pidieron la libre absolución para los cuatro acusados, pero introdujeron una novedad: que en el caso de que el juez fallase en contra, se tenga en cuenta la «dilación indebida» como atenuante. Invocaron, en ese sentido, la vulneración del derecho fundamental por parte de la jueza del primer proceso, anulado por la Audiencia Provincial por «falta de imparcialidad» de la magistrada Rosario Fernández Hevia. La repetición del juicio, sumada a que los hechos que se juzgan comenzaron en 1998, ha provocado que el juicio se haya alargado 17 años. «Algo inaudito»; «nunca visto en España», «no existen precedentes», destacaron.

En su sesión decimoquinta, las conclusiones de las defensas pusieron el punto y final a más de dos meses de juicio en los que se ha tratado de dilucidar si la dirección de Mina La Camocha compró carbón nacional y de exportación, haciéndolo pasar como propio, para vendérselo a la térmica de Aboño y recibir así las ayudas del Ministerio de Industria. El resultado del proceso depende ya de la decisión del magistrado del juzgado de lo Penal número 2 de Gijón, Luis Ortiz Vigil, que ayer escuchó la petición de libre absolución para los cuatro acusados: el presidente de la mina gijonesa, Manuel Martín; la responsable del departamento de contabilidad, Margarita García; el administrador único de Hullas del Coto Quirós, Ángel Manuel García Brugos y el apoderado de esta empresa y también de Trabajos y Explotaciones, Guillermo Alfredo Honrubia Álvarez. Otros dos investigados ya fallecieron: el dueño de la mina, Fernando García Brugos, durante la instrucción de la causa, y el director de servicios y exconsejero de Industria del Principado, Víctor Zapico, hace unos meses. Las defensas argumentaron ayer que la compra de carbón no es constitutiva de delito y en ningún caso se alteró la finalidad de las ayudas a la explotación gijonesa, que no era otra que el cierre de la misma, hecho que se produjo en 2008. Por ello, piden la libre absolución de los acusados.

Los abogados reclaman la libre absolución porque no se alteró la finalidad de las ayudas

No obstante, en el caso de que el magistrado fallara en contra de los acusados, los abogados apuntan a que no serían tres los delitos, sino uno, en tanto en cuanto la empresa recibió una sola ayuda ligada a un plan cuatrianual que se libraba anualmente. Además, piden que se tenga en cuenta la dilación indebida, puesto que se están juzgando unos hechos ocurridos en 1998, con el agravante de que los acusados se han visto sometidos a dos procesos judiciales por el mismo supuesto delito. De este modo, los abogados buscan «una compensación» para los acusados, es decir, una rebaja sustancial de la pena.

El pasado viernes, el fiscal mantuvo su petición de nueve años de cárcel para cada uno de los cuatro acusados. Les acusa de tres delitos contra la Hacienda Pública en su modalidad de fraude de subvenciones, uno por cada ejercicio en el que sucedieron los hechos -1998, 1999 y 2000- en la explotación gijonesa. Solicita, además, 16 millones de multa para cada uno -6,1 millones correspondientes al primer ejercicio, 9,7 al segundo y 187.000 euros al tercero- y una indemnización conjunta al Estado de 16,1 millones.

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