Duro Felguera afirma que se acreditará la «perfecta limpieza» en la actuación de sus directivos

Sede de Duro Felguera en Gijón./Damián Arienza
Sede de Duro Felguera en Gijón. / Damián Arienza

«La sociedad dispone de un modelo de prevención de delitos, con procedimientos estrictos y efectivamente implementado con anterioridad al inicio de estas actuaciones judiciales», expone la compañía a la CNMV

EFE

La compañía Duro Felguera ha asegurado hoy que los pagos efectuados en Venezuela objeto de una investigación en la Audiencia Nacional, tras la admisión a trámite una querella de la Fiscalía Anticorrupción, están justificados, por lo que confía en que quede acreditada "la perfecta limpieza" de su actuación. En un comunicado remitido a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), el grupo de ingeniería y bienes de equipo asegura que el material aportado a las diligencias de investigación "permite dar justificación o soporte contractual suficiente para los pagos efectuados".

El juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno admitió a trámite el pasado mes de octubre la querella de Anticorrupción contra la empresa, su expresidente Ángel Antonio del Valle, y otras ocho personas físicas y jurídicas por presuntos sobornos en Venezuela y blanqueo.

Anticorrupción denunció supuestos cohechos millonarios a altos funcionarios venezolanos por parte de Duro Felguera con el fin de obtener contratos para nuevos proyectos en Caracas y su zona de influencia.

La multinacional asturiana ha subrayado que los pagos efectuados "tienen su fundamento en compromisos contractuales asumidos por personas debidamente facultadas para su otorgamiento", todo ello "en contratos de naturaleza ordinaria y propios de la actividad social" de la empresa.

Duro Felguera dice no tener "conocimiento ni consentimiento de ninguna aplicación irregular o delictiva ulterior por parte de sus agentes en Venezuela de los fondos con los que se les ha remunerado conforme a lo pactado". Además, ha recalcado que «la sociedad dispone de un modelo de prevención de delitos, con procedimientos estrictos y efectivamente implementado con anterioridad al inicio de estas actuaciones judiciales».

Además, considera que "no puede haber responsabilidad penal" de la compañía por actuaciones que pudieran calificarse como delito con anterioridad a la modificación del Código Penal que entró en vigor en diciembre de 2010.

La investigación se centra en la concertación y posterior ejecución de un contrato suscrito por Duro Felguera con la empresa pública venezolana Electricidad de Caracas para la construcción y puesta en funcionamiento de una central de ciclo combinado por más de 2.000 millones de dólares.

La querella se dirige además contra el anterior presidente de la compañía, Juan Carlos Torres Inclán, quien también forma parte de la presente causa al igual que Nervis Villalobos, vicepresidente de Energía de Venezuela hasta 2006, que habría recibido hasta 105 millones de dólares (89 millones de euros) para que "usara su capacidad de influencia" en el país.

En concreto, la Fiscalía sospecha de tres acuerdos, el primero de 25 millones de dólares (21 millones de euros) firmado en diciembre de 2008 con el presidente de Técnicas Reunidas (Terca), Luis Barrios Melean, presunto testaferro de Villalobos, quien "no podía aparecer formalmente por incompatibilidad con su anterior desempeño del cargo".

Paralelamente, las partes suscribieron un segundo contrato por valor de 53,9 millones de dólares (45,5 millones de euros) en concepto de los servicios de asesoramiento y asistencia técnica prestados por Terca a Duro Felguera para la construcción de una central termoeléctrica en la capital bolivariana, que fueron abonados a cuentas en diversos bancos con sede en Suiza.

En 2011, Terca "debido a la imposibilidad de continuar prestando los servicios acordados" cedió todos los derechos y obligaciones contractuales a Ingeniería Gestión de Proyectos de Energía, sociedad de la que son directores y copropietarios Villalobos y su mujer, Milagros Coromoto Torres, que también tendría que comparecer en calidad de investigada una vez el juzgado compruebe su domicilio.

Villalobos, que encabeza el elenco de querellados, es señalado por Anticorrupción por "aflorar las ganancias procedentes de las actividades delictivas" mediante la compra un inmueble en la exclusiva urbanización madrileña de La Moraleja, tasada en 2,6 millones de euros, y por transferir dos millones de dólares (1,7 millones de euros) a la sociedad estadounidense Auyantepuy, cuyo beneficiario final era él mismo.

De igual modo, constan como querellados el exviceministro de Desarrollo Eléctrico de Venezuela Javier Alvarado Ochoa, y a la abogada del Ministerio de Energía del país, Julia Van Den Brule, que habría recibido, al menos, un pago de 70.000 euros en 2009; en tanto que Duro Felguera, Terca e Ingespre hacen lo propio por su presunta responsabilidad como personas jurídicas.

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