Duro Felguera asegura que los pagos en Venezuela están justificados y que no hubo delito

La investigación que instruye el juez Ismael Moreno implica a la propia Duro como sociedad y a su expresidente, Ángel del Valle, así como su antecesor en el cargo, Juan Carlos Torres Inclán, y a otros cinco ex responsables políticos y sociedades mercantiles venezolanas. El ministerio fiscal considera que se pudo incurrir en delitos de corrupción internacional y de blanqueo de capitales. Pues bien, la compañía que desde finales de noviembre preside Acacio Rodríguez se defiende. En su comunicado a la CNMV, Duro explica que, una vez realizada la correspondiente valoración de la querella, que le fue notificada el pasado 14 de diciembre, sus servicios jurídicos consideran que tanto el material incorporado a las diligencias de Investigación como la documentación aportada por la propia compañía permiten «dar justificación o soporte contractual suficiente para los pagos efectuados, pues tienen su fundamento en compromisos contractuales asumidos por personas debidamente facultadas para su otorgamiento, en contratos de naturaleza ordinaria -prestación de servicios (de asesoramiento y asistencia técnica)- y propios de la actividad social que constituye el objeto social de la compañía», y que se corresponden con la «ejecución de un muy importante contrato internacional».

Duro Felguera, siendo Torres Inclán su presidente y Del Valle consejero delegado, firmó una serie de contratos de prestación de servicios de asesoramiento y asistencia técnica, entre 2008 y 2011, con Técnicas Reunidas y con Ingeniería Gestión de Proyectos de Energía (Ingespre), también querelladas por estos delitos. Según la querella de Anticorrupción, pagaron 105,62 millones de dólares (89,08 millones de euros) a ambas sociedades para que utilizase su capacidad de influencia en la Administración venezolana en beneficio de la compañía, que en 2009 se adjudica el contrato con la venezolana Electricidad de Caracas, empresa pública filial de Corporación Eléctrica Nacional, para la construcción de la central de ciclo combinado de Termocentro, por un importe de más de 1.500 millones de euros.

El único objetivo de los contratos firmados, primero con la sociedad de Barrios (Terca) y después con la de Villalobos (Ingespre) fue «el deseo de ejecutar bien la obra y cobrar por ello», porque los pagos por parte del Gobierno venezolano habían comenzado a demorarse, según la defensa de Torres Inclán. Además, todos esos contratos eran examinados antes con lupa por el consejo de administración de Duro y su comité de supervisión.

Duro Felguera ha querido aclarar, por otra parte, que la empresa no puede tener responsabilidad penal por unas actuaciones que tuvieron lugar con anterioridad a la reforma del Código Penal (diciembre de 2010) que recoge que las compañías pueden ser penalmente responsables en caso de este tipo de delitos. «La sociedad dispone de un modelo de prevención de delitos, con procedimientos estrictos y efectivamente implementado con anterioridad al inicio de estas actuaciones judiciales», alegan desde Duro.