Iberdrola presiona al Gobierno con el cierre de la central térmica de Lada

La central térmica que Iberdrola tiene en Lada (Langreo), junto a la factoría de Bayer. / JUAN CARLOS ROMÁN

Energía prepara una reforma para controlar por ley la clausura de plantas eléctricas pero el Congreso quiere acabar con ese mineral en 2020

J. A. BRAVO madrid.
Sábado, 11 noviembre 2017, 03:03

Iberdrola ha lanzado un nuevo pulso al Gobierno a costa del cierre de centrales. Ya lo hizo la primavera pasada, con la petición para clausurar -junto a Endesa- la central nuclear de Garoña (Burgos) y terminó ganándolo. Y ahora pretende repetir con otras dos plantas, esta vez térmicas de carbón: La asturiana de Lada y la de Velilla, en Palencia.

Si para echar la llave a sus instalaciones nucleares la multinacional presidida por Ignacio Galán argumentó que las cinco que posee en España están en pérdidas y que Garoña tenía «nula viabilidad económica», para las que usan el mineral negro el motivo esgrimido es medioambiental. La compañía quiere acelerar la «descarbonización de su 'mix' de generación (la tarta que componen todas las fuentes)» y reforzarse en las renovables.

En la llamada energía verde ya cuenta con 28.778 megavatios (MW) de capacidad operativa, fundamentalmente eólica -es líder mundial en potencia terrestre- e hidroeléctrica. Por eso ha pedido a la Comisión y el Parlamento Europeo que apruebe «objetivos medioambientales más ambiciosos» para 2030, elevando del 27% al 35% la cuota por país en renovables.

Sostiene, asimismo, Iberdrola que las dos centrales que quiere finiquitar tienen un impacto menor en la aportación a su 'mix' nacional de producción. Por eso afirma que su desaparición «no incidirá en la seguridad del suministro», pues entre ambas suman solo 874 MW de potencia y la empresa cuenta con 6,5 veces más de capacidad de respaldo (5.695 MW) a través de sus plantas de ciclo combinado de gas. En cuanto al impacto en el empleo, señala que «no le afectará» porque «recolocará al 100% de la plantilla» (90 trabajadores en Lada y otros 80 en Velilla). Lo hará tanto en otras instalaciones del grupo como en las labores de desmantelamiento de esas instalaciones, que se extenderán durante cuatro años desde que el Gobierno apruebe el cierre y que costarán 35 millones de euros.

Pero, ¿por qué ha elegido precisamente este momento para su solicitud? Iberdrola apunta que ha «decidido completar el proceso de cierre de todas sus centrales de carbón en el mundo», fuente que solo representa ya el 1,8% de su capacidad total y el 1,5% de la producción eléctrica de enero a septiembre (1.596 gigavatios frente a 102.494). Sin embargo, existe otro motivo de oportunidad política y estratégica. El Ejecutivo quiere controlar por ley cuándo, cómo y por qué se cierra una central eléctrica. Pero esa reforma se ha ralentizado a la espera de contar con el apoyo de Ciudadanos y PSOE, algo que hasta ahora no ha logrado pero que pretende reactivar. Por eso, estudiará «con tranquilidad» la petición de Iberdrola y cumpliendo con «todos los trámites administrativos», sin prisa.

Seguridad y precio

En la consulta que hizo en verano sobre esa modificación normativa, el Ministerio de Energía preguntó al sector si consideraba «oportuno» mantener una planta abierta por «motivos de seguridad del suministro, cambio climático e impacto en el precio». También hacía alusión a «las proyecciones e impactos de cada tecnología en la generación nacional», y a la relación coste-beneficio si hubiera que abrir otra central.

Entonces contaba con el anuncio de «cese paulatino» hasta 2019 de la central térmica de Gas Natural y Endesa en Anllares (León), junto a la clausura en junio de 2020 de dos de las seis instalaciones de carbón que tiene la segunda, pero no tenía noticias de los planes de Iberdrola.

De las 63 plantas de producción termoeléctrica activas en España este año, poco más de una quincena son de carbón (el 29% lo emplea) y el resto usan gas (casi dos tercios), fueloil o gasoil. Aportan ya algo menos del 17% del 'mix de producción y la tendencia va en descenso.

En todo caso, el Congreso ha puesto fecha de caducidad. Casi todos los partidos -el PP votó en contra y el PNV se abstuvo- aprobaron en octubre que para 2020 se retiren los pagos por capacidad a las centrales que superen las emisiones de CO2 establecidas, lo que en la práctica acabaría con la minería de carbón.

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