Energía regulará el cierre de las térmicas por «la vía legal que sea necesaria»

Térmica de Lada. /J. C. Román
Térmica de Lada. / J. C. Román

Ministerio y sindicatos formarán en febrero un grupo de trabajo para definir el futuro del carbón

EFE

El secretario de Estado de Energía, Daniel Navia, ha asegurado hoy que el Gobierno no podría denegar los cierres de centrales térmicas solicitados sin abordar "un desarrollo normativo adicional" que introduzca nuevos criterios, y ha explicado que su intención es hacerlo "por la vía que sea necesaria". Tras reunirse con los sindicatos de la minería del carbón, Navia ha indicado que la regulación a través de real decreto, la opción elegida por el ministerio, es la vía más rápida y que, en su opinión, cuenta con amparo legal suficiente, aunque ha dejado claro que, en caso de necesidad, se podría recurrir a una ley. "Si tenemos que recurrir a la ley, lo haremos", ha apuntado.

De momento, ha dicho, el ministerio "está explorando" las posibilidades existentes junto con la Abogacía del Estado, aunque sigue pensando que el real decreto es suficiente.

Navia ha reiterado que el Ministerio de Energía está dispuesto a hacer ajustes en el real decreto que amplía los criterios para autorizar o denegar el cierre de centrales eléctricas a fin de incorporar algunas de las recomendaciones de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC).

El secretario de Estado ha recalcado que, sin un desarrollo normativo adicional, no sería posible denegar el cierre de las centrales por motivos económicos o de cambio climático, y solo se podría evaluar su impacto en la seguridad del suministro. Según Navia, los sindicatos creen, por el contrario, que con la normativa actual se podrían denegar todos los cierres solicitados. Navia ha explicado que los cambios que se piensan introducir en el real decreto llevarán "cierto tiempo de trabajo" y que, por lo tanto, el nuevo texto no se podrá aprobar este viernes en el Consejo de Ministros. "Tenemos cierto tiempo de trabajo para hacer el ajuste fino del texto, no es cambiar tres cosas", ha señalado.

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Por su parte, los sindicatos UGT y CC OO han defendido el papel del carbón nacional en la generación de electricidad y han pedido al secretario de Estado de Energí que el ministerio siga adelante con el real decreto que amplía los criterios para autorizar el cierre de las centrales térmicas. Ambas organizaciones consideran que, aunque no se apruebe un desarrollo reglamentario adicional, la normativa vigente, en concreto la Ley del Sector Eléctrico, ya proporciona herramientas legales suficientes al Gobierno para impedir el cierre de centrales térmicas, una opinión que no comparte el Ministerio de Energía.

Durante la reunión, los sindicatos han pedido a Energía que "haga las gestiones que tenga que hacer" para sacar adelante la nueva legislación, según ha explicado al término de la reunión Víctor Fernández, responsable del Sector Minero de UGT-FICA. El responsable de Industria de CC OO, Jesús Crespo, ha destacado el papel que está jugando el carbón nacional en la generación de electricidad como "moderador de precios y como energía de respaldo". Ha dicho que el cierre de las centrales térmicas se traduciría en una subida de los precios de la energía para los ciudadanos.

«Hoja de ruta» para el carbón

Por otro lado, los sindicatos han trasladado al ministerio que "antes de vacaciones o en septiembre u octubre" debe estar preparada la "hoja de ruta" que definirá el futuro de la minería del carbón a partir de 2019, ha explicado Fernández. Por ello, han reclamado un calendario "más intensivo" de reuniones con el ministerio.

Según los sindicatos, el secretario de Estado ha aceptado la creación de un grupo de trabajo de carácter técnico que celebrará su primera reunión el 28 de febrero. En este ámbito, Crespo ha criticado los "incumplimientos reiterados" del Marco de Actuación de la Minería del Carbón 2013-2018, lo que, ha dicho, se ha traducido en un "cierre totalmente desordenado" de explotaciones.

A este respecto, Navia se ha comprometido a crear un grupo de trabajo de carácter técnico que celebrará su primera reunión el 28 de febrero. De él formarán parte los sindicatos y el ministerio. Sin embargo, CC OO ha señalado que en una segunda fase también debería incorporase Carbunion, la patronal del sector. "Al igual que ocurrió en el año 2013, este equipo de personas debe buscar sinergias para terminar construyendo el futuro marco de actuación de la minería del carbón, con plan social incluido", han afirmado.

Costes excepciones

La Federación de Industria de la USO (FI-USO), por su parte, ha pedido que se amplíe el horizonte temporal de aplicación del Plan Social hasta el cierre definitivo de las unidades productivas acogidas al Plan del Carbón 2013-2018. Para ello, reclama la ampliación de las partidas presupuestarias de costes excepcionales en el tiempo. "Una medida que ya cuenta con antecedentes de aplicación y que además está amparada por la Decisión 787 de la Normativa Europea del Carbón", han indicado. "De esta forma, se garantizaría la continuidad del empleo en las comarcas mineras afectadas por la reconversión", han afirmado.

FI-USO ha reivindicado que las medidas recogidas en el Plan del Carbón deben ser aplicadas a los trabajadores de contratas y subcontratas que cumplan los requisitos, "ya que están sujetos a las mismas penalidades que los trabajadores de las empresas matrices". Esta equiparación, según ha señalado FI-USO, la han defendido en solitario tanto frente al Ejecutivo como en el ámbito judicial. La próxima reunión de la Comisión de Seguimiento del Plan ha sido fijada para el próximo 1 de marzo.

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