El expresidente de Duro Felguera niega sobornos y dice que dimitió para salvar el grupo

El expresidente de Duro Felguera niega sobornos y dice que dimitió para salvar el grupo
MARIO ROJAS

Ángel Antonio de Valle, que ha comparecido ante el juez de la Audiencia Nacional, Ismael Moreno, ha rechazado las acusaciones de la Fiscalía Anticorrupción

EFEOviedo

El expresidente de Duro Felguera, Ángel Antonio de Valle, ha negado hoy que el grupo asturiano sobornara a altos cargos venezolanos a cambio de contratos y ha asegurado que presentó su dimisión el pasado noviembre con el fin de proteger la compañía, muy perjudicada a nivel internacional por su imputación.

Según han explicado fuentes jurídicas, Del Valle, que ha comparecido ante el juez de la Audiencia Nacional, Ismael Moreno, ha rechazado las acusaciones de la Fiscalía Anticorrupción, que le investiga junto a una decena de personas físicas y jurídicas por sobornos y blanqueo de capitales, y ha defendido la legalidad de los acuerdos suscritos en Venezuela. Entre otros ha mencionado el contrato de más de 1.500 millones de euros firmado en 2009 con la empresa pública Electricidad de Caracas, que a día de hoy, ha señalado, continúa debiendo 80 millones de euros a Duro Felguera.

Una situación que habría afectado a la cotizada, ha dicho Del Valle, especialmente tras conocer la querella presentada por Anticorrupción el pasado septiembre y según la cual el grupo de ingeniería «firmó una serie de contratos con entidades y personalidades venezolanas» a fin de «encubrir el pago de comisiones o sobornos a funcionarios públicos». A través de ellos, relata el Ministerio Público, Del Valle y su antecesor, Juan Carlos Torres Inclán, «decidieron entregar» hasta 105 millones de dólares (89 millones de euros) a otro de los querellados, Nervis Villalobos, vicepresidente de Energía de Venezuela hasta 2006 y actualmente en prisión provisional desde su detención a finales de 2017.

En concreto, las pesquisas se centran en tres acuerdos, el primero de 25 millones de dólares (21 millones de euros) firmado en 2008 con Técnicas Reunidas (Terca); un segundo contrato por 53,9 millones de dólares (45,5 millones de euros) en concepto de asesoramiento prestado por Terca; y la posterior cesión de estos servicios a Ingeniería Gestión de Proyectos de Energía, propiedad de Villalobos y su mujer, también querellados.

Al respecto, Del Valle, que ha afirmado que conoce al resto de implicados en la presente causa, tanto españoles como venezolanos, ya que formaron parte de la constitución de los contratos, ha sostenido que sí hubo una sucesión efectiva en la prestación de servicios por estas empresas.

Un «individuo limpio»

Sobre su dimisión como primer directivo, comunicada el pasado 24 de noviembre, ha insistido en que vino motivada por los momentos difíciles por los que atravesaba la empresa, en mitad de las negociaciones con la banca para cerrar la operación de refinanciación. Circunstancia que requería de un «individuo limpio» que ayudara al grupo, lastrado por el caso y al que la investigación ha hecho perder varios acuerdos, ha proseguido el expresidente, que sólo ha respondido a las preguntas de su letrada y del fiscal.

También ha comparecido hoy ante el titular del Juzgado Central de Instrucción número dos el representante legal de Duro Felguera, jefe de su asesoría jurídica y secretario del Consejo de Administración, Secundino Felgueroso. El interrogatorio a los investigados continuará el próximo 26 de febrero, fecha en la que está citado el exviceministro de Desarrollo Económico de Venezuela Javier Alvarado.

Respecto a Villalobos, al que la Fiscalía señala por «aflorar las ganancias procedentes de las actividades delictivas» mediante la compra de un inmueble en la exclusiva urbanización madrileña de La Moraleja, el Gobierno aprobó el pasado viernes su entrega a Estados Unidos, donde se le requiere por presunta organización criminal y blanqueo.

Sin embargo, está previsto que permanezca en España, país en el que actualmente tiene abierto, además de la causa de Duro Felguera, un procedimiento por blanqueo de dinero en el juzgado de Instrucción número 41 de Madrid.

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