Fade reclama una inspección «más eficaz» contra la economía sumergida

Alberto González y Pedro Luis Fernández, secretario general y presidente de Fade, a su llegada a una reunión en Presidencia del Principado. / P. L.
Alberto González y Pedro Luis Fernández, secretario general y presidente de Fade, a su llegada a una reunión en Presidencia del Principado. / P. L.

«No solo se causa un perjuicio respecto al ingreso, sino que la competencia desleal es perjudicial para el propio mantenimiento del sistema económico», avisa González

S. BAQUEDANO GIJÓN.

La Federación Asturiana de Empresarios tiene «indicios» de que la economía sumergida se ha disparado en los últimos años, a raíz de la crisis, y por ello urge a la Administración autonómica a actuar para evitar «una competencia desleal y perniciosa». «Hace falta una inspección mucho más potente, profunda y eficaz», asegura Alberto González, director general de la patronal. Según las estimaciones de la Tesorería General de la Seguridad Social en Asturias, la economía sumergida supone en Asturias alrededor del 14% de su Producto Interior Bruto. Es decir, una cifra que supera los 3.000 millones de euros anuales. Una cuantía que podría ser mayor a tenor de otros análisis.

Por definición la economía sumergida no es medible ni existen datos oficiales, pero sí hay una preocupación creciente al respecto. «No solamente se causa perjuicio desde el punto de vista del ingreso, sino que quienes respetan las reglas del juego de la economía están en desventaja respecto a quienes no lo hacen. Esto es perjudicial para el propio mantenimiento del sistema. O se ataja o corremos el riesgo de acabar instalándonos todos en el lado oscuro», advierte González.

El sindicato de Técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha) detecta una relación entre una mayor tasa de paro y la economía sumergida, y también entre el número de autónomos (a mayor porcentaje, más desviación de recursos del sistema), el auge del sector de la construcción y los casos de corrupción.

La Fundación Laboral de la Construcción de Asturias, en la que están representadas las empresas y los sindicatos, ha venido denunciando en los últimos años que los bajos precios de adjudicación en el Principado estaban estimulando prácticas de economía sumergida, como la existencia de trabajadores sin alta en la Seguridad Social. También alertaron sobre otras anomalías como la subcontratación de labores con trabajadores autónomos para ahorrar costes en lugar de emplear a personal propio o el encuadramiento de las plantillas en convenios más bajos que el de la construcción.

Otros sectores, como la automoción llevan años luchando contra los talleres ilegales. En una reciente entrevista publicada por este periódico, Rogelio Cuesta, presidente de la Asociación del Automóvil del Principado (ASPA), criticaba que hubiera inspectores «de todo tipo, menos para combatir la economía sumergida y el trabajo ilegal. Es una reivindicación nuestra de hace años, pero no hacen nada. Y que no digan que no tienen información, porque nosotros lo denunciamos hasta con el plano de ubicación. Las empresas del sector estamos ahogadas por los impuestos y los talleres ilegales hacen lo que les da la gana».

También desde Fade se viene denunciando esta problemática y reclamando a la Administración que sea «más celosa». «No se puede mirar para otro lado», avisa Alberto González.

Según la Tesorería General de la Seguridad Social en Asturias, en esta región no existen grandes nichos de fraude. Sí han detectado una bolsa entre las empleadas del hogar y problemas con grandes y medianas empresas, «que regatean para que afloren todas las retribuciones de los trabajadores».

Otras fuentes consultadas sitúan las cuencas mineras como foco de economía sumergida. «Existen establecimientos hoteleros a nombre de personas prejubiladas pero luego quien atiende es algún hijo».

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