Félix Rodríguez

Problemática del Impuesto sobre el Valor de los Terrenos

Problemática del Impuesto sobre el Valor de los Terrenos
El Impuesto sobre el Valor de los Terrenos (IIVTNU) es un impuesto de carácter local que grava la transmisión de inmuebles considerados como urbanos
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El impuesto se determina aplicando un porcentaje, que puede variar para cada Ayuntamiento, sobre el valor catastral del terreno en el momento de la transmisión.

Es una fuente de ingresos muy importante para los ayuntamientos y de sencilla aplicación, por lo que las controversias sobre la aplicación de este impuesto no han sido abundantes dentro de su ya dilatada existencia.

Ahora bien, la crisis económica que hemos padecido y más concretamente el estadillo de la burbuja inmobiliaria ha provocado que muchas veces el precio de venta de un inmueble sea inferior al precio de adquisición del mismo, sembrando dudas sobre la aplicación en estos casos del impuesto, ya que objetivamente no existe una plusvalía en la transmisión sino todo lo contrario.

Pero es a partir de la declaración de inconstitucionalidad por parte del Tribunal Constitucional 26/2017 de 16 de febrero de la norma foral de Guipúzcoa, y posteriormente de la norma foral de Álava, en donde se establece la inconstitucionalidad y como corolario, la nulidad de los preceptos impugnados pero con un matiz importante y que es “siempre que resulte en la transmisión del inmueble una pérdida de valor real”, debido a que el costo de adquisición sea superior al precio de venta. En otro caso, seguiría siendo válida la aplicación del impuesto.

Se sustenta la sentencia del TC en el hecho de que al no tenerse en cuenta la plusvalía real existente en el momento de la transmisión –ya que el impuesto se calcula en función del valor catastral del terreno en el momento de la venta sin tener en cuenta ese valor en el momento de adquisición- va en contra del principio de capacidad económica constitucionalmente establecido y el de tutela judicial efectiva del artículo 24 de la Constitución. El impuesto conculca este principio al no tributar una riqueza real sino una supuesta riqueza que tiene un carácter objetivo teniendo como único fin un afán recaudatorio, yendo en contra del artículo 31 de la Constitución.

Este impuesto, al obligar a tributar el incremento de valor del suelo urbano en caso de una trasmisión del mismo actúa correctamente. Ahora bien, el problema no es ese, lo que considera el Alto tribunal es la no aplicación de unas reglas de valoración que no cuantifican correctamente el valor de transmisión de este suelo urbano que impidan la tributación cuando no exista incremento real provocado por la transmisión del inmueble.

El Principio de la Seguridad Jurídica también está violentado por la ley de este impuesto, al no contemplarse la posibilidad de la aportación de pruebas que acrediten la no existencia de una plusvalía gravada por este impuesto, un impuesto de carácter objetivo, en tanto que se toma como referencia solamente el valor catastral del suelo transmitido. Esto implica que no se permita como prueba, la aportación de informes de valoración. Y dado el hecho, de que durante la crisis los valores catastrales superaron –en algunos casos ampliamente- el valor real o de mercado de los inmuebles transmitidos, estas transmisiones provocaron pérdidas sustanciales no reflejadas a la hora de liquidar, creando indefensión a los contribuyentes al no ser capaces de poder impugnar la valoración establecida en la liquidación por no permitirse la aportación de pruebas que acreditasen la inexistencia de una plusvalía tributable.

Decir también que el Tribunal constitucional considera que se conculca el Principio de no confiscatoriedad que el artículo 31.1 de la Constitución establece. Este principio obliga a no agotar la riqueza imponible ya que se puede llegar a privar al contribuyente de sus rentas y propiedades al gravar una plusvalía inexistente en muchos casos.

Resulta importante señalar que se están buscando fórmulas para poder reformar este Impuesto y adoptarlo a las sentencias del TC, dada la importancia presupuestaria que tiene este impuesto para los ayuntamientos, lo cual urge debido a la conflictividad que va a existir manteniendo la actual formula de liquidación por la multitud de recursos que van a presentar los contribuyentes en contra de las liquidaciones que se practiquen.

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