El fiscal mantiene su petición de nueve años de cárcel para los acusados de La Camocha

Los cuatro acusados, ayer, antes de escuchar las conclusiones del fiscal. / AURELIO FLÓREZ
Los cuatro acusados, ayer, antes de escuchar las conclusiones del fiscal. / AURELIO FLÓREZ

Reclama el pago de una multa de 16 millones a cada uno de los cuatro, además de una indemnización conjunta de otros 16

ANA MORIYÓN OVIEDO.

El fiscal Luis Miguel Llorente mantiene su petición de nueve años de cárcel para cada uno de los cuatro acusados de participar en una supuesta operación para importar carbón y hacerlo pasar por mineral extraído en Mina La Camocha para, posteriormente, venderlo a la térmica de Aboño y beneficiarse de las subvenciones del Ministerio de Industria. El fiscal les acusa de tres delitos contra la Hacienda Pública en su modalidad de fraude de subvenciones, uno por cada ejercicio en el que sucedieron los hechos -1998, 1999 y 2000- en la explotación gijonesa que cerró sus puertas en 2008.

Los acusados son el ex administrador único de Hullas Coto Quirós, Ángel García Brugos; el expresidente de Mina La Camocha, Manuel Martín; el exapoderado de Hullas de Coto Quirós, Guillermo Alfredo Honrubia y la extresponsable de la contabilidad de la explotación, Margarita García. El fiscal pide además 16 millones de multa para cada uno -6,1 millones correspondientes al primer ejercicio, 9,7 al segundo y 187.000 euros al tercero- y una indemnización conjunta al Estado de 16,1 millones.

Manuel Martín
El fiscal considera que por sus cargos y conocimientos jurídicos «no podía desconocer la ilegalidad de la operación».
Margarita García
Advierte el fiscal de que tenía poderes bancarios y que los utilizó para el pago de las facturas del carbón importado.
Ángel Manuel García Brugos
Sostiene el fiscal que tenía responsabilidades en la empresa y que hay testigos que lo ratifican.
Guillermo Alfredo Honrubia
Asegura el fiscal que existe numerosa documentación que acredita su participación en la trama.

El fiscal argumentó ayer la misma tesis que ya había defendido en el primer juicio de La Camocha, celebrado en enero de 2014 y por el que los cuatro acusados -además del recientemente fallecido exconsejero de Industria y apoderado de la mina, Víctor Zapico- ya fueron condenados a nueve años de prisión, aunque posteriormente fue anulado por la Audiencia Provincial por falta de imparcialidad. Luis Miguel Llorente explicó en el Juzgado de lo Penal número 2 de Gijón que mantiene, punto por punto, las conclusiones que defendió en el primer juicio, no solo por una cuestión de «coherencia», dijo, sino porque entiende que las pruebas no han hecho más que ratificar su tesis. Insistió por ello en que los ex altos cargos de Mina La Camocha desvirtuaron los fines con los que las ayudas habían sido concedidas y aseveró que queda «suficientemente probado» que se compró carbón importado para mezclarlo con el propio y venderlo a la térmica. Según su relato, existe constancia física de la entrada en la explotación de seis buques con mineral ajeno a la explotación, así como documentación intervenida que así lo acredita y pruebas testificales y documentales que lo corroboran.

El fiscal responsabilizó, uno a uno, a los cuatro acusados de haber participado de una u otra manera en la presunta trama. Recordó que Manuel Martín, expresidente, exconsejero y exapoderado de Mina La Camocha, admitió ante la Guardia Civil que se había adquirido mineral importado y que tenía perfecto conocimiento de que se vendía a la térmica, «porque había recibido quejas por la calidad del material por parte de Hidroeléctrica del Cantábrico». Por el cargo que ocupaba y su formación jurídica, dijo, «no es creíble que desconociera la ilegalidad de este tipo de operaciones». Subrayó que Margarita García, responsable de la contabilidad, no sólo tenía poderes bancarios sino que «los utilizó para el pago de las facturas de carbón de importación» y que su cooperación fue «determinante y necesaria». El Ministerio Fiscal mantiene que existe «sobrada documentación» que demuestra la participación en la presunta trama de Guillermo Alfredo Honrubia, quien fuera apoderado de Hullas de Coto Quirós, y que Ángel Manuel García Brugos, pese a lo que mantiene su defensa, tenía responsabilidad y conocimiento de lo que ocurría en la empresa.

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