La Fiscalía del Principado lleva cinco meses tras la pista de las ayudas a UGT

La Fiscalía Superior del Principado de Asturias abrió a finales del pasado año las diligencias de investigación 358/2014, centradas en verificar el uso que la Unión General de Trabajadores (UGT) ha realizado de las subvenciones públicas ingresadas. Gabriel Bernal del Castillo, fiscal especializado en Delitos Económicos y que está al cargo de la investigación, lleva, así pues, unos cinco meses siguiendo en secreto las pistas que le facilitó la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil.

Los agentes con base en Madrid realizaron una pesquisa inicial en noviembre, mediante la cual recabaron declaraciones de testigos y diversos documentos, que apuntaban indicios de ilegalidad en la materia. El secretario general de UGT, Justo Rodríguez Braga, afirma, por su parte, que en todo este tiempo no ha tenido noticia alguna del asunto y, tras desvelar EL COMERCIO la existencia de las diligencias, se puso a disposición del ministerio público. También subraya que las ayudas ingresadas por el sindicato han sido auditadas por las administraciones que las concedían.

La fecha en la que se incoaron las diligencias de investigación resulta fundamental para calcular el margen con que el trabaja Bernal del Castillo. A diferencia de los jueces de instrucción, los fiscales están constreñidos por unos plazos tasados; si dentro de ese tiempo no han reunido los suficientes indicios como para presentar una denuncia por hechos concretos, deben archivar el tema.

El Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal establece que, de ordinario, las diligencias de investigación tienen un plazo de seis meses, ampliable en otros seis. La Ley 24/2007 que modificó esa norma, reconoce la trascendencia social de las causas relacionadas con la corrupción, para cuya respuesta crea una fiscalía especializada. Además, y dada la especial complejidad de estos asuntos, indica que para los delitos que son de su competencia se amplía ese máximo temporal hasta los «doce meses, salvo prórroga acordada mediante decreto motivado del Fiscal General del Estado».

Según pudo saber este periódico, las diligencias abiertas sobre UGT se encuentran en una posición intermedia. La Fiscalía Superior asturiana está en trámites con la Fiscalía General, al objeto de aclarar si la investigación está regulada por los plazos ordinarios (seis meses prorrogables) o, dada la materia, debe conducirse por los reservados a las diligencias que lleva Anticorrupción (doce meses desde el principio).

La gestión evidencia que Bernal del Castillo tiene la investigación en un punto intermedio y que requiere aclarar el trámite a seguir para disponer de, al menos, seis meses más de margen. En las últimas semanas el fiscal ha tomado declaración a varios testigos y tiene citados a más informantes, al objeto de acotar en hechos y personas concretas los indicios que le facilitó la UCO.

Cabe señalar que Bernal del Castillo carece del equipo de apoyo con los que trabaja la estatal Fiscalía contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada, departamento que lleva, por ejemplo, más de un año analizando el patrimonio oculto del exsindicalista José Ángel Fernández Villa, sin haber reunido todavía los elementos suficientes como para interponer una querella. El fiscal asturiano sigue la pista a UGT mientras dirige otras diligencias y ejerce la acusación en los casos que le tocan por reparto.