El Comercio

3.127 asturianos renunciaron a la herencia en los dos últimos años por la alta tributación

Isabel Menéndez, José Sierra y Gabriel García, en la sede del colegio, antes de la rueda de prensa.
Isabel Menéndez, José Sierra y Gabriel García, en la sede del colegio, antes de la rueda de prensa. / Á. PIÑA
  • Niegan que solo el 3% de los asturianos esté afectado y alertan de que las familias que fijan su residencia en otras comunidades para evitarlo también pagan fuera de la región por Patrimonio e IRPF

  • 3.127 personas renunciaron a su herencia en dos años en el Principado por la alta tributación

El presidente del Colegio Oficial de Titulados Mercantiles y Empresariales de Asturias, José Antonio Sierra, afirmó ayer que el impuesto de Sucesiones, de la forma en que se aplica en el Principado tiene un «carácter confiscatorio», toda vez que es ya la comunidad autónoma que más grava las herencias. Y lo es después de que el Gobierno andaluz introdujese bonificaciones a su tipo impositivo y pasase de ser la comunidad que más gravaba las herencias a estar «en la clase media».

Acompañado por la secretaria general del colegio, Isabel Menéndez, y del vocal Gabriel García, Sierra anotó que el hecho de que el Principado aplique el impuesto con todo su peso, mientras que comunidades como Cantabria o Madrid, entre otras, apliquen bonificaciones de hasta el 99%, supone un «agravio comparativo» ante el que los ciudadanos toman sus medidas.

Tanto Sierra como Menéndez y García expusieron los efectos sobre la ciudadanía de forma muy realista. Según ellos, los pequeños patrimonios no se preocupan en exceso, dado el tramo exento del impuesto, y los medianos patrimonios apenas tienen forma de defenderse. Son «las clases altas las que sí pueden, y lo hacen: fijan su residencia en otras comunidades, como Cantabria o Madrid, simplemente comprando una vivienda con lo que se ahorran de impuesto de Patrimonio en un año, o haciendo sus cálculos sobre lo que se ahorran en Sucesiones».

De este modo, las «clases altas y sus empresas se están deslocalizando, lo que conlleva que también su IRPF y su Patrimonio tributa en otras comunidades». Así, Sierra subrayó el riesgo de que «Asturias termine quedándose sin recursos porque aquellos que más están aportando terminen contribuyendo en otras comunidades autónomas. Se desincentivan las inversiones, se reduce el consumo y la generación de empleo y se reduce también la recaudación de otros impuestos», dándose así la paradoja de que mantener los impuestos con un tipo superior a las regiones del entorno generaría menores ingresos para las arcas públicas asturianas.

Se les preguntó a los profesionales mercantiles si tienen datos sobre dicha 'fuga fiscal'. Gabriel García indicó que «es muy difícil precisarlo, pero un porcentaje alto de aquellos que tienen posibilidades económicas para hacerlo, lo hacen. Con lo que se ahorran en un año en el impuesto de Patrimonio, que en Asturias también es más elevado que en otras comunidades, se compran un piso o una casa y se van. No hay datos concretos -anotó Gabriel García-, pero hace poco había 10.000 personas en Asturias que tenían que hacer declaración de Patrimonio, y ahora son solo 1.200».

Un tipo máximo del 8%

Sierra, Menéndez y García aclararon que no es posible suprimir el impuesto, pero sí bonificarlo o aplicar tipos máximos contenidos. Sierra abogó por limitarlo en Asturias «al 8%». No es una cifra caprichosa, sino que responde a que «es también el tipo máximo que se aplica para la transmisión inter vivos». En cambio, Menéndez subrayó que en el caso de Asturias, y para fortunas relevantes que cifró por encima de los cinco millones de euros, se puede llegar al caso de que «se haga tributar más del 100% de la herencia», lo que «es claramente confiscatorio, y la Constitución lo prohíbe», añadió García.

Los profesionales mercantiles presentaron un estudio del Consejo General de Economistas con un ejemplo que consideraron representativo: Una persona de 30 años que hereda bienes de su padre por valor de 800.000 euros, de los que 200.000 corresponderían al valor de la vivienda habitual y el resto, a otros bienes. Aunque en el estudio Andalucía figura como la comunidad que más impuestos cobraría por dicha herencia, el acuerdo de junio pasado entre el PSOE de Susana Díaz y Ciudadanos elevó de 175.000 a 250.000 euros el mínimo exento en las herencias de los parientes directos, de forma que ahora, como subrayó Gabriel García, «Asturias es ya la comunidad que encabezaría este estudio».

Para el caso expuesto, el heredero asturiano tendría que hacer frente al pago de 162.619 euros, mientras que en siete comunidades autónomas no se llegaría a los 10.000 euros, bien porque tienen tipos impositivos menos elevados, bien porque aplican bonificaciones o, como en Galicia, porque elevan el mínimo exento por parentesco muy por encima de lo que establece el Principado.

Por ello, además del riesgo de deslocalización de personas, empresas y fortunas, se da también el caso de que en Asturias muchas personas renuncian a la herencia. En 2014, fueron nada menos que 1.501 los asturianos que lo hicieron, lo que representa el 14,9% del total de personas que renunciaron a sus herencias en España. En 2015, la cifra fue similar: «1.626 personas, de un total de 12.800, dejaron de cobrar su herencia en Asturias», explicó Sierra.