El Gobierno estudia bajar la fiscalidad para mejorar la tarifa eléctrica a la industria

Isaac Pola y Daniel Navia, a la llegada del consejero al despacho del secretario de Estado. / IÑAKI MARTÍNEZ
Isaac Pola y Daniel Navia, a la llegada del consejero al despacho del secretario de Estado. / IÑAKI MARTÍNEZ

El secretario de Estado de Energía traslada a Isaac Pola su compromiso para abaratar el precio final a través de «los peajes o determinados aspectos fiscales»

S. B. GIJÓN.

El Gobierno central tiene previsto aprobar un nuevo mecanismo para la asignación del servicio de gestión de la demanda de interrumpibilidad, según la normativa que demanda la Unión Europea, que sustituirá al actual, cuya vigencia finaliza el próximo mes de mayo, y que entrará en vigor en el segundo semestre de 2018. Pero, además, buscará medidas adicionales para mejorar la tarifa eléctrica de las grandes compañías asturianas. Así se lo trasladó ayer el secretario de Estado de Energía, Daniel Navia, al consejero de Empleo, Industria y Turismo del Principado, Isaac Pola, en una reunión mantenida en Madrid.

Pola quiso lanzar un mensaje de calma ante la inquietud que ha generado entre sindicatos y grandes empresas -como en el caso de Alcoa- el diseño de esta nueva normativa. El consejero explicó a Efe que esta iniciativa será «transitoria y su vigencia acaba en el próximo mes de mayo». «Hay que ser cautos y mandar una mensaje de tranquilidad. Es un mecanismo transitorio el que se ha planteado en los último días. A lo largo del mes de diciembre se implementará una subasta hasta el mes de mayo y a partir de ahí tendremos un mecanismo alternativo y compensatorio que incida en que nuestra industria y tenga un precio final de la energía eléctrica competitivo», precisó.

Además, expuso que se implantarán otras medidas para la mejora de la competitividad de las empresas electrointensivas a través de otros factores que configuran el precio final de la electricidad, «como los peajes o determinados aspectos fiscales».

Llamada a la «calma»

El consejero ha querido trasladar un mensaje de «tranquilidad» a las grandes empresas consumidoras de energía eléctrica y a sus trabajadores ante el diseño de esta nueva normativa, tras el revuelo ocasionado después de que el pasado martes, el Ministerio de Energía subiera a su web el borrador de la Orden Ministerial que modifica la subasta en la que se asigna la gestión de derechos de interrumpibilidad. Aunque se trata de un borrador, y por tanto no es definitivo, el principal cambio es la reducción del tiempo de concesión de los derechos de interrumpibilidad. En 2015, 16 y 17 era de un año y, a partir del próximo ejercicio, el Ministerio plantea cinco meses, si bien se abre la posibilidad de nuevas convocatorias en el caso de que fuese necesario.

El borrador asume más cambios, como el motivo para aplicar la interrumpibilidad. Hasta la fecha se debía a las necesidades del mantenimiento del sistema. A partir de 2018, se incorporan las causas económicas. De esta manera, si en un momento hubiese un aumento de los precios, se trataría de reducir la demanda. Además, las empresas adjudicatarias de los paquetes tendrán que pagar el coste de organizar la subasta que, hasta la fecha, era asumido por Red Eléctrica. El documento fija que deberán abonar 225 euros por cada megavatio concedido.

Por otra parte, Pola confió en que antes de que acabe el año la regasificadora de El Musel reciba la autorización definitiva por parte del Consejo de Estado para su puesta en servicio.

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