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Galicia, Cantabria y País Vasco ya han planteado proyectos por 24.173 millones a los fondos de la UE

Galicia, Cantabria y País Vasco ya han planteado proyectos por 24.173 millones a los fondos de la UE

Las comunidades limítrofes avanzan en sus planes para captar las ayudas mientras en Asturias aún no ha cristalizado ninguno

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Domingo, 29 de noviembre 2020, 01:24

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¿El Principado va tarde o en tiempo para beneficiarse de las ayudas europeas? Como diría aquel, depende del ojo con el que se mire. La única certeza es que el Ejecutivo central debe remitir antes del 30 de abril el conjunto de proyectos de inversión y reformas estructurales a las que se destinarán los 140.000 millones del fondo de recuperación -conocido como Next Generation EU-. Una primera partida ya está contemplada en el proyecto de presupuestos para 2021. En concreto, de aprobarse, se han establecido casi 28.000 millones en transferencias, previstas a través de los nuevos instrumentos de financiación de la UE.

Pero, volviendo a la pregunta inicial, las comunidades autónomas han diseñado diferentes hojas de ruta para llegar a la meta. Solo el tiempo demostrará cuáles fueron más acertadas. Unas han decidido tomar la delantera y lanzar ya sus proyectos, con mayor o menor nivel de concreción. En este grupo estarían, entre otras, Galicia, Cantabria y País Vasco. Solo estas tres, a tenor de lo anunciado por sus gobiernos, ya suman 24.173 millones. País Vasco es la más ambiciosa, más de medio centenar de proyectos que supondrían una inversión de casi 12.000 millones; Cantabria enumera 103 proyectos que suman 2.673 millones, y Galicia, 108 proyectos por un importe de 9.500 millones.

En otro grupo están aquellas comunidades que, hasta la fecha, trabajan sobre un documento genérico. Aquí estaría nuestra vecina Castilla y León que presentó a principios de octubre un texto con 71 iniciativas estratégicas, agrupadas en diez ejes, para su financiación a través de los fondos europeos.

¿Dónde se ubica el Principado en toda esta 'pelea' abierta por el dinero? Por un lado, lo más reciente son las declaraciones del vicepresidente del Ejecutivo, Juan Cofiño, del pasado jueves en las que aseguraba que «es muy prematuro para hablar de proyectos concretos, que obviamente los hay, pero se están pergeñando». De hecho, las diferentes consejerías -principalmente las de Industria y Ciencia- han ido avanzado durante este año los planes sobre los que estaban trabajando. No necesariamente con la vista puesta en el dinero del Next Generation EU, sino también para canalizarlos a través de las otras muchas convocatorias en marcha, sean nacionales o europeas.

Mapa de estrategias

El jefe de la dirección adjunta de la Política Regional de la Comisión Europea para España y Portugal, Vicente Rodríguez-Sáez, urgió el 10 de septiembre, durante unas jornadas organizadas por EL COMERCIO y Fade, a que se trabajase con un «horizonte temporal de tres o cuatro meses para tener los proyectos preparados». No obstante, el Ejecutivo asturiano decidió mantener su idea que pasa, prioritariamente, por la aprobación del 'Mapa de estrategias'. El jueves fue presentada durante la constitución del comité asesor de fondos europeos y ahora se han dado quince días más para que los participantes presenten sus modificaciones o añadidos al texto. Esta «nueva arquitectura institucional para captar fondos europeos», como la definió el Gobierno regional, se completa con la Oficina de Proyectos Europeos. Aunque su apertura se anunció para principios de noviembre, sigue sin estar operativa. Según explican fuentes del Ejecutivo, «se estaba pendiente de la constitución del comité asesor y de ultimar detalles, así que pronto estará en funcionamiento».

En resumidas cuentas, el Principado aún está engrasando la maquinaria y, aunque se avance en paralelo con proyectos, difícilmente, dados los plazos establecidos, estos podrían ser anunciados antes de que finalice el año.

Tampoco tenerlos sobre la mesa es garantía de éxito. «Me gustaría que salieran todos pero somos conscientes de que probablemente no será así», reconocía el presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, durante la presentación el 22 de octubre de 'Cantabria reActiva', la denominación bajo la que han lanzado sus 102 proyectos y que, entre otros, incluyen la creación del centro logístico de La Pasiega, la construcción del nuevo Museo de Prehistoria y Arqueología (Mupac) o los planes contra la despoblación.

En el caso de la Xunta, era el director general del Instituto Gallego de Promoción Económica, quien lo detalló esta semana en EL COMERCIO: cuentan con 108 proyectos, que movilizarán en torno a 9.500 millones. En su caso, no dan nombres de empresas, por cláusulas de confidencialidad, pero sí propuso que «si nuestros proyectos son replicables en otros lugares, y pueden formar parte de una colaboración con otros territorios, por ejemplo Asturias, estamos abiertos a ello, dado que tenemos retos comunes».

En el caso del País Vasco, su consejero de Economía y Hacienda, Pedro Azpiazu, aseguró hace un mes que estamos ante un «reto complejo y con pocas certezas» pero que «no impide al Gobierno vasco avanzar sin pausa». Allí sí han puesto nombre y apellidos a algunas de las iniciativas con las que aspiran a lograr financiación de los fondos europeos. Por ejemplo, el corredor del hidrógeno-polo de descarbonización, que impulsa Petronor y que movilizaría 400 de los 11.600 millones que contemplan para el medio centenar de proyectos totales.

Fecha límite: 30 de abril

Con mayor o menor precisión, aún quedan muchos aspectos por despejar. Lo único que está fijado es la fecha del 30 de abril como tope para que España remita a la Comisión Europea su plan definitivo. Es decir, qué proyectos o qué partidas. Pero el Ejecutivo central también está en la casilla anterior. De hecho, todavía esta semana anunciaba su intención de aprobar durante el mes de diciembre un real decreto para ordenar y agilizar la gestión de los fondos europeos. Este incluirá la creación de un nuevo mecanismo de colaboración público-privada, los Proyectos Estratégicos para la Recuperación y la Transformación Económica (PERTE). Según el borrador se exigirá la cooperación entre administraciones, empresas y centros de investigación y se creará un registro estatal de las entidades interesadas en participar en estos proyectos estratégicos que dependerá del Ministerio de Industria.

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