El impuesto de obras, último escollo para la licencia municipal de las baterías de cok

Los trabajos actuales se realizan, en gran parte, bajo una gran carpa que cubre las obras. /  PALOMA UCHA
Los trabajos actuales se realizan, en gran parte, bajo una gran carpa que cubre las obras. / PALOMA UCHA

Arcelor tendrá que pagar al Ayuntamiento de Gijón unos cuatro millones y el Consistorio indica que el permiso oficial es «inminente»

NOELIA A. ERAUSQUIN / O. VILLA GIJÓN.

Aunque Arcelor tiene de facto la licencia de obra que le permitirá reconstruir las baterías de cok de Gijón, aún no cuenta con el documento oficial y, por tanto, no puede poner velocidad de crucero a una reforma que avanza a cuentagotas, lo que permiten autorizaciones menores de las que ya dispone. El último escollo se encuentra ahora en el Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO) que la multinacional tiene que pagar al Ayuntamiento. La multinacional confiaba en que, como en otras ocasiones, el permiso se concediera sin tener cerrada la cuantía exacta que debe desembolsar y así poder ir adelantando los trabajos mientras duran las conversaciones, pero el Consistorio quiere tener bien cerradas las cifras y desea que en la licencia, además de figurar el presupuesto detallado, se incluya la partida correspondiente a este tributo, una cuantía muy golosa para las arcas municipales que, sin duda, será de varios millones de euros, ya que el tipo de gravamen que aplica es del 4%.

Representantes de Arcelor se reunieron ayer con responsables del Consistorio para intentar fijar la cantidad y la forma de pago. Sin embargo, no pudieron salir con el valioso documento que les permitirá avanzar en la reconstrucción de unas instalaciones fundamentales para garantizar el funcionamiento de las plantas asturianas. Las obras llevan mucho retraso debido a problemas con todas las autorizaciones y apenas queda margen para que la multinacional cumpla el calendario -prevé que entren en funcionamiento en 2019 y que produzca 1,1 millones de toneladas de cok anuales-, pero aún tendrá que esperar más.

Aunque el tributo y su aplicación no se pueden cuestionar ni negociar, sí que se puede discutir sobre los aspectos de la reconstrucción que son o no objeto del gravamen. Según la ordenanza fiscal, este impuesto se aplica a cualquier construcción, instalación u obra para la que se exija la obtención de la licencia de obras o urbanística, mientras que su base imponible está constituida por su coste real y efectivo. Sin embargo, dada la complejidad de la reconstrucción, los retrasos acumulados y la cifra de operarios y subcontratas que participan resulta difícil dar una cifra concreta sobre el presupuesto que alcanzarán los trabajos finalmente. De hecho, desde Arcelor se han barajado sumas distintas. Oficialmente siempre se hace referencia a una cantidad indeterminada de más de 100 millones, pero en conversaciones con representantes sindicales, altos responsables de la compañía incluso llegaron a hablar de 150 millones. La horquilla más plausible se mueve entre los 120 y los 130.

Otra posibilidad de negociación es dejar fuera de este tributo algunas partidas, una posibilidad que fuentes municipales admitieron, aludiendo a posibles «partidas exentas». Esto es así porque parte de los trabajos ya se han adelantado sin necesidad de esta licencia de obra con otro tipo de permisos, como podría ser la descontaminación voluntaria del suelo afectado, unas 7.000 toneladas de tierra.

Ello también ha llevado a que los encuentros entre la empresa y el Ayuntamiento se prolongasen, y desde el Consistorio se anotaba ayer que «falta algo de documentación, pero eso no impedirá que la licencia de las obras esté concedido mañana (por hoy) o el lunes a más tardar. Es inminente, se va a solucionar», insistió.

Si se aplicara el ICIO a la totalidad del presupuesto, la empresa podría tener que pagar entre cuatro y seis millones, aunque parece descartable que se grave la totalidad de las cifras barajadas que, además, podrían incluir impuestos como el IVA, que también quedaría al margen de la base imponible.

Traslado a Málaga

A pesar de este nuevo retraso, en la compañía esperan que sea «cuestión de días» contar con la licencia. Hasta que llegue, las tareas se centran aún en la descontaminación de los suelos, para la que tiene el permiso desde hace dos meses. Tras rescindir Arcelor el contrato que tenía con Acciona, es Dragados la compañía que está realizando esta tarea. Además, operarios de la UTE Imasa Liz trabajan en la cubierta que tapará los hornos. Este grupo de empresas se encargará también de construir los denominados 'pies derechos', que son las estructuras que soportan los hornos, y sus paredes, el refractario. Mientras, operarios ya contratados para este tipo de tareas, al no contar con tajo en Gijón, han sido trasladados a una planta malagueña a realizar otra obra, a la espera de poder iniciar la actividad en Asturias.

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