La cúpula de la Hullera Vasco Leonesa, imputada por la muerte de seis mineros en el pozo Emilio

Antonio del Valle, presidente de la Hullera, a su salida de los juzgados tras prestar declaración por el accidente. / Campillo

El juez responsabiliza a 16 personas de seis delitos de homicidio con imprudencia grave y ocho de lesiones por imprudencia al advertir que no se tomaron las medidas de seguridad necesarias | En el suceso perdieron la vida el asturiano José Luis Arias y Orlando González, afincado en Lena

ANDREA CUBILLAS

El titular del juzgado de Instrucción nº4 de León que instruye la investigación del accidente que en octubre de 2013 se cobró la vida de seis minerosentre los que se encontraban José Luis Arias, de origen asturianos, y Orlando González, afincado en Lena, en el pozo Emilio, en el municipio leonés de Pola de Gordón ha dado un paso hacia la apertura del juicio oral y ha imputado a la cúpula directiva de la Hullera Vasco Leonesa.

Según el auto de imputaciones al que ha tenido acceso leonoticias, el juez ha acordado la imputación a un total de 16 personas que resultan responsables de seis delitos de homicidio con imprudencia grave y ocho de lesiones por imprudencia, ya que el accidente también causó heridas de diversa consideración en otros trabajadores que se encontraban en el interior del pozo.

Entre los acusados está quien fuera el presidente de la Vasco, Antonio del Valle, el vicepresidente y consejero delegado, Arturo del Valle, el vocal de la sociedad, Aurelio del Valle, el director general, Marco Calvo, y el director facultativo del Grupo Tabliza, José Eliseo Solis.

Asimismo, el juez ha imputado a cinco ingenieros de minas que en su día ocupaban los cargos del jefe y subjefe de Tabliza y responsables del servicio de prevención de riesgos, seguridad y salvamento. Por último, imputa a cinco vigilantes de seguridad, al delegado minero de seguridad y a la Hullera Vasco Leonesa y como responsables civiles subsidiarios y directos, respectivamente.

En contexto

Condiciones «peligrosas»

El juez entiende que, a pesar de que todos ellos tenían la obligación de facilitar a los trabajadores las medidas de seguridad necesarias que hubieran evitado el accidente, ninguno de los 16 imputados hizo nada para variar la forma de explotación, paralizar el tajo e impedir el acceso de los trabajadores “pese a que se estaba trabajando en condiciones muy peligrosas, sin las adecuadas medidas de seguridad, poniendo en grave peligro la vida, la salud y la integridad física de los trabajadores, como finalmente ocurrió”.

En este sentido, el juez asegura que fueron “muchos los avisos e indicios de riesgo” que la mina fue dando a diario sin que ellos se tuvieran en cuenta por los 16 imputados, como ocurrió el 15 de noviembre cuando por primera fue visible la bóveda que, junto a la sobrecarga del carbón que soportaba, provocó una desgasificación de gas grisú que provocó la muerte de los mineros.

En el auto, el juez detalla que desde el día 12 de octubre se habían superado “en más de la mitad de la jornada” los límites establecidos de gas metano, registrándose valores “en general” altos durante la semana de explotación del 14 al 18 de octubre, siendo el día 25 cuando se experimenta una subida brusca que sitúa al metano en el 2%.

A ello se suma que el 28, cuando se reanudaron los trabajos, se registró un corte de ventilación que provocó que el metano alcanzará el 3%, hasta que a las 13:24 horas, hora en la que tuvo lugar el fatal accidente, se registró un aumento “brusco” por encima del 5%.

Error grave de la ventilación

Una invasión brusca de metano que, asociada a aspectos geomecánicos de las rojas encajantes y del propio mineral, produjo una salida del gas absorbido en el carbón y un empuje del gas almacenado en el hueco creado, que causó una invasión masiva del metano, desplazándose por las plantas séptima y sexta hasta el post-taller.

Conforme al auto que publica en exclusiva este diario, el juez remarca cómo, a pesar de que es de obligado cumplimiento, el día del accidente el personal de seguridad no obligó a los mineros a utilizar el autorescatador, lo que provocó la muerte de alguno de los mineros.

Asimismo y tras la ronda de testificales que se ha prolongado durante dos años, el juez entiende que la ventilación ni era “suficiente ni la adecuada”, no ubicándose directamente en la corriente primaria de ventilación ni los electroventiladores ni sus cofres ni cables de alimentación, como exige la autoridad minera.

Tal es así, que el juez señala que su adecuada ubicación hubiese evitado la privación de oxígeno de los accidentes, evitando que perdieran la conciencia en un tiempo aproximado de 66 segundos. Por último, hace hincapié en la existencia de otros indicios de riesgo como el alto contenido en metano en capa o las anomalías geológicas.

Falta de medidas de seguridad e infracción de las normas de prevención de riesgos labores que el juez hace responsable a los 16 imputados, los mismos que fueron citados como investigados en la fase de instrucción, en la que la cúpula de la Hullera negó posibles responsabilidades, asegurando que el accidente fue “imprevisible”.

Acusaciones

Un auto que ya ha sido notificado al Ministerio Fiscal así como a las acusaciones particulares, que tienen un plazo de diez días para formular el escrito de acusación y la posterior apertura de juicio oral.

Leonoticias se ha puesto en contacto con Ramón Carro, representante legal de uno de los heridos y el letrado que está liderando la acusación particular, ha calificado de “correcto” el auto de imputaciones del juez y asegura que las acusaciones están valorando la posibilidad de solicitar la práctica de nuevas diligencias que se solicitaron el pasado mes de febrero.

Concretamente, la acusación había solicitado que se presentasen como prueba el libro de registro general del segundo relevo que elaboraba diariamente el jefe del segundo relevo, el libro de la Brigada de Salvamento y las hojas de trabajo de los trabajadores de todos los relevos de la planta séptima desde que se inició la explotación.

Asimismo, las acusaciones particulares entendieron necesarios para esclarecer las causas del accidente el libro de registro de los vigilantes de seguridad, las comunicaciones individualizadas por talleres entre los relevos de los vigilantes de la planta séptima y el libro de registro del delegado minero.

Familiares de los mineros del pozo Emilio en el lugar del suceso, el 28 de octubre de 2013. / EFE

Fallecidos y heridos

En el accidente fallecieron José Antonio Blanco, Juan Carlos Pérez, Manuel Antonio Moure, Orlando González, Roberto Álvarez y José Luis Arias como consecuencia de una oxipriva ocasionada por respirar en una atmósfera con una gran cantidad de metano.

Todos ellos reclaman a excepción de la familia de Jose Luis Arias que ha renunciado al ejercicio de las responsabilidades civiles y penales tras haber recibido una indemnización.

Asimismo y como consecuencia del accidente, resultaron heridos Javier Cabello, Amancio Viñayo, Roberto Julián Crespo, Juan Manuel Menéndez, Arpad Acs, José Manuel Díez, Miguel Ángel González, Óscar Gutiérrez y Abel Viñuela.

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