«Esos interrogatorios fueron ilegales; en el juzgado todo se aclaró», apunta el sindicato

R. MUÑIZ GIJÓN.

Francisco Alonso, letrado del despacho Proley, que representa a UGT, niega validez al atestado presentado por la UCO. «Hicieron 56 interrogatorios ilegales, en el cuartel, presionando y tergiversando las respuestas, y luego se quedan con los diez que más les interesan, pero en sede judicial mucha de esa gente ha podido explicar bien las cosas y todo se ha aclarado», indica.

El abogado indica que la Guardia Civil preguntó a todos si tenían relación con la docencia o con la parte administrativa. «La pregunta condiciona la respuesta. Lógicamente, dijeron que no, pero luego en el juzgado explicaron que si coges el teléfono e informas del curso, estás teniendo ya una participación en su organización», recalca Alonso. «No vale hacer preguntas tendenciosas en sede no judicial, sin presencia de abogados ni partes que puedan contrabalancear, y luego intentar validar eso en un proceso penal», considera.

Alonso mantiene que después de tres años de investigación «siguen con la pesca de arrastre, intentando pillar algo, pero aquí no hay nada penal». Recuerda que la normativa autonómica que regula las ayudas a los parados permitía, según la convocatoria, repercutir hasta un 20% de costes indirectos. «Eso lo puedes hacer con plena libertad, y si hay alguna discrepancia, es un tema administrativo que se discute», acota.

«Aquí lo importante es que nadie se lleve el dinero, y en todo el sumario no hay un solo indicio de que nadie se lo haya llevado, es de locos criminalizar algo que es el funcionamiento normal de toda subvención», señala.

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