El Comercio

Una herramienta polémica, pero «fundamental» con el sistema actual

  • Las empresas coinciden en la importancia de la puja, pero reclaman cambios para lograr costes energéticos competitivos, estables y predecibles

La subasta de interrumpibilidad es considerada por la industria electrointensiva como un mal menor. Las grandes compañías rechazan este sistema de carácter anual y que, prácticamente, les obliga a pujar para tener unos costes energéticos que les permitan ser competitivos. En la subasta, las empresas ofrecen al sistema eléctrico la posibilidad de que este les interrumpa el suministro en situaciones en las que no hay suficiente generación para abastecer toda la demanda. A cambio reciben una compensación económica. Es decir, se convierten en proveedores en potencia del sistema.

No es habitual que Red Eléctrica haga uso de esta posibilidad y ahí reside el mayor beneficio que obtienen las compañías, aunque sí puede suceder. El pasado mes de junio, una avería en la subestación de Soto de Ribera llevó al operador a aplicar el acuerdo de interrumpibilidad por primera vez desde hace años y las plantas de ArcelorMittal, Alcoa y Asturiana de Zinc se quedaron sin electricidad durante dos horas. Recibieron el aviso solo dos minutos antes del corte.

Para muchas plantas, como la asturiana de Alcoa, su competitividad e incluso su futuro pasa por lograr un buen resultado en la puja. Para otras no es un caso de vida o muerte, pero las compañías implicadas coinciden en que, con el sistema actual, la subasta es «fundamental». Otra cosa es que guste más o menos.

Las empresas asentadas en el Principado que concurrirán a la subasta critican un sistema que no ofrece un precio «competitivo, estable o predecible» y que les hace tener que realizar la planificación de su negocio sin saber a ciencia cierta a cuánto ascenderá su factura eléctrica. La misma posición tiene el Gobierno del Principado. Su consejero de Empleo, Industria y Turismo, Francisco Blanco, insistió ayer en que hay que dotar a las compañías de un sistema que les ofrezca un escenario de estabilidad a cuatro o cinco años para que puedan planificar, entre otros aspectos, las estructuras de costes de las factorías, en las que la energía, a veces, supone hasta tres veces el coste de la mano de obra.

Sobre las características de la puja publicada ayer en el BOE, Blanco insistió en la falta de definición de muchos aspectos. «Es muy importante saber cuántos bloques de 90 MW van a salir», subrayó. De momento, el texto ofrece una horquilla de entre siete y trece y el resultado para las factorías asturianas puede variar mucho si la cifra final se queda en un dígito o pasa a dos. También afectará el número de compañías que se presente. El año pasado Inovyn Solvay se quedó sin pujar por incumplir las órdenes de reducción de potencia. En esta ocasión se prevé también que se sumen algunas papeleras y, a más competencia, precios más bajos y mayores dificultades para hacerse con alguno de los deseados bloques de 90 MW, los más rentables.