Nadal avisa: «el cierre de las térmicas tendría un coste estratosférico para el sistema»

Álvaro Nadal, durante su intervención de ayer. / EFE
Álvaro Nadal, durante su intervención de ayer. / EFE

«A alguno le interesaría tener un 'mix' energético caro, pero al Gobierno le interesa que sea barato», apunta el ministro

S. B. / AGENCIAS MADRID /GIJÓN.

El ministro de Energía, Turismo y Agenda Digital, Álvaro Nadal, advirtió ayer que cerrar las centrales nucleares y de carbón tendría «un coste estratosférico» para el conjunto del sistema, y es algo que «en ningún país del mundo se está haciendo». En su intervención en un encuentro informativo organizado por un medio en Madrid, Nadal subrayó que el cierre de las centrales nucleares supondría una subida del 25% en el precio mayorista de la electricidad, mientras que si se elimina el carbón en fechas de punta de consumo (los días más fríos del invierno y los más calurosos del verano) sería otro 15% más de incremento.

El titular de Energía defendió el real decreto para endurecer el cierre de centrales eléctricas en el que trabaja el Gobierno, ya la idea es que el 'mix' energético del país sea «ordenado» y «barato», para que no afecte a la competitividad de la industria.

«A alguno le interesaría tener un 'mix' caro, claro que sí, pero al Gobierno le interesa tener un 'mix' barato», dijo Nadal, quien subrayó que el objetivo es un 'mix' energético al menor precio y cumpliendo con los objetivos medioambientales, ya que «cada euro que una empresa gasta en energía es un euro que no puede gastar en salarios o en dedicar a empleo».

A este respecto, el ministro indicó que respecto al cierre de centrales «mucha gente tiene que opinar» y su tramitación «va a tardar tiempo», aunque insistió en que la intención del Gobierno es sacar adelante la normativa, a pesar de ser consciente de que «claro que habrá que cerrar alguna central» debido a la incorporación de renovables al 'mix', aunque de manera «ordenada».

Así, destacó que el objetivo del real decreto es establecer que cuando se quiera proceder al cierre de una central eléctrica se vea primero si hay alguien interesado en su compra y, si no es así, estudiar la posibilidad de que se pueda establecer algún tipo de ayuda para que la planta pueda seguir operando, aunque «dentro de un orden y que este coste compense los beneficios».

Nadal, que afirmó que la regulación es «un mal sustituto» de la competencia adecuada en un mercado monopolístico como el de la electricidad, subrayó que el carbón es un «lujo» que España se puede permitir, ya que tiene la ventaja frente al gas, la otra fuente térmica de respaldo en la transición, de que es más barato, aunque emite más CO2.

Ayudas a las térmicas

Respecto a la investigación abierta por Bruselas sobre las ayudas de 440 millones a las centrales de carbón, subrayó que tienen que ver «con las ayudas de Estado» y no con la política energética. Asimismo, subrayó que se trata de un caso similar al del 'tax lease' del sector naval y en el que se ha producido un cambio de criterio por Bruselas que «no puede ser de manera retroactiva».

Según la Comisión Europea, se pagaron 8.750 euros por cada megavatio que implementó planes de desulfuración (reducción de emisiones de SO2) al año. Teniendo en cuenta el plan nacional de reducción de emisiones de las grandes instalaciones de combustión existentes, publicado en enero de 2008, las cifras revelan que una hipotética devolución de las cantidades cobradas afectaría de modo más intenso a Endesa, quien se ha beneficiado de cerca de la mitad de los fondos de este plan, unos 200 millones de euros.

Gas Natural Fenosa (La Robla, Meirama y Narcea) estaría afectada por algo menos de 100 millones de euros. Viesgo (Puerto Nuevo y Los Barrios) y EdP (Aboño y Soto de Ribera, ambas en Asturias) se enfrentarían a un hipotético impacto de de 77 millones de euros cada una de ellas, y para Iberdrola (Velilla y Lada) el golpe estaría sobre los 50 millones de euros. Estas cifras suman lo ya cobrado (440 millones de euros, según la CE) y la parte que aún está por cobrar, ya que el plan de ayudas se extiende hasta 2020. En total, son 14 plantas las afectadas por la investigación comunitaria. En el caso de EdP, la devolución de las ayudas que ahora cuestiona la UE, pero que se aplicaron siguiendo escrupulosamente la legalidad vigente, supondría solo una parte de las inversiones acometidas por la eléctrica en Asturias y que en los últimos años suman más de 500 millones.

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