UGT niega haber pagado de más por el local de Langreo

El 66% del bajo comercial sigue tapiado y sin uso, siete años después. / Juan Carlos Román

«Hay una tasación oficial que lo demuestra», sostiene su abogado

Ramón Muñiz
RAMÓN MUÑIZGijón

Infastur, empresa de UGT dedicada a equipar aulas en las que se dan cursos a parados y desempleados, adquirió por poco más de un millón de euros un bajo comercial en la cale Balarmino Tomás de Langreo. Se lo compró a una cooperativa fundada por familiares y trabajadores del sindicato que, gracias a la operación, pudieron equilibrar sus cuentas y disolverse. La Guardia Civil tiene dudas sobre el sentido de esta operación. Entre otros puntos, un atestado fechado en enero señala que el constructor langreano que reformó parte del local estimó que el precio del mismo, en la época de la operación, debía rondar los 800 o 1.000 euros el metro cuadrado. La compraventa sin embargo se cerró cerca de los 1.380 euros el metro. "Existen indicios que permiten concluir que se habría pagado un precio por la adquisición del mismo superior al que regía en el mercado", escriben los agentes.

En UGT rechazan que se inflara el precio del local. "No hay ninguna acusación sobre este asunto, ni existe duda de haber pagado un precio superior al precio de mercado, puesto que hay una tasación oficial, hecha por una entidad independiente y acreditada, que lo demuestra", señala Francisco Alonso, letrado del despacho Proley y que representa a la organización en esta causa. Según explica, la compraventa se hizo aplicando el precio de valoración calculado por Tinsa, "una tasadora oficial, no de conveniencia; es la que realiza la mayoría de las operaciones que se mueven por aquí" indica. Si se coteja la estimación realizada por sus técnicos y la finalmente escriturada "coincide al céntimo", detalla.

Alonso sostiene que sobre la operación inmobiliaria ya dio explicaciones el pasado año en sede judicial Mónica Menéndez, responsable de Infastur, sin que se le haya requerido nuevas aclaraciones. "No hay ninguna acusación sobre el asunto", indica. En su opinión en este proceso "se está investigando de una manera prospectiva, buscando de una manera genérica, en vez de hacer una investigación basada en supuestos hechos delictivos". La investigación judicial fue iniciada en diciembre de 2015, a raíz de una denuncia de la fiscalía, y "hasta la fecha no hay absolutamente nada; se han dado las explicaciones y no hay nada".

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