UGT niega que pagara de más por el local que salvó a su cooperativa

Una tasación semanas antes de la operación fijó el precio. «No hay absolutamente nada, se explicó todo», afirma el letrado de la central

RAMÓN MUÑIZ GIJÓN.

Una cooperativa de pisos en Langreo con familiares de altos cargos y trabajadores de UGT logró cuadrar las cuentas y liquidar sus hipotecas vendiendo el bajo comercial por poco más de un millón de euros. La operación se formalizó el 24 de febrero de 2010, y el comprador era Infastur, la sociedad del sindicato hasta entonces dedicada exclusivamente a equipar aulas en centros públicos en los que se impartían cursos subvencionados.

La transmisión ha sido investigada por la Guardia Civil, que encuentra en ella indicios de cómo la central presuntamente desviaba ayudas públicas a otros fines. En un atestado presentado al juzgado en enero, consagra unas 40 páginas a detallar el asunto. Entre las sospechas que vierte, indica que el constructor langreano que reformó parte del bajo indicó que en la época de la venta el inmueble tendría un precio de entre 800 y 1.000 euros el metro cuadrado. Infastur abonó alrededor de un 30%. «Existen indicios que permiten concluir que se habría pagado un precio por la adquisición del mismo superior al que regía en el mercado», aprecian los agentes.

UGT Asturias refuta esa versión. «No hay ninguna acusación sobre este asunto, ni existe duda de haber pagado un precio superior al precio de mercado, puesto que hay una tasación oficial, hecha por una entidad independiente y acreditada, que lo demuestra», señala Francisco Alonso, letrado del despacho Proley y que representa a la organización en esta causa. Según explica, la compraventa se hizo aplicando el precio de valoración calculado por Tinsa, «una tasadora oficial, no de conveniencia; es la que realiza la mayoría de las operaciones que se mueven por aquí» indica.

La valoración a la que se refiere se hizo tras visitar el inmueble un técnico de Tinsa el 22 de octubre de 2009. La cooperativa tenía créditos pendientes con Cajastur. «La finalidad de la tasación es la garantía hipotecaria de préstamos» emitidos, recoge el documento. Tinsa fijó el precio del inmueble en 900.012 euros, matizando que este corresponde «al valor de mercado calculado por el método de comparación». Cuatro meses después Infastur y la cooperativa firman la venta. El documento notarial indica que el precio de venta de la finca es de 900.012 euros, que junto al IVA asciende a los 1.044.013 euros abonados.

Alonso sostiene que sobre la operación inmobiliaria ya dio explicaciones el pasado año en sede judicial Mónica Menéndez, responsable de Infastur, sin que se le haya requerido nuevas aclaraciones. «No hay ninguna acusación sobre el asunto», indica.

En su opinión en este proceso «se está investigando de una manera prospectiva, buscando de una manera genérica, en vez de hacer una investigación basada en supuestos hechos delictivos». La investigación judicial fue iniciada en diciembre de 2015, a raíz de una denuncia de la fiscalía, y «hasta la fecha se han dado las explicaciones y no hay absolutamente nada», señala.

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