Las organizaciones amenazan con incrementar la presión si el Gobierno no cede

Sindicatos y asociaciones reclaman una revalorización conforme al IPC y aseguran que este hay un problema ideológico, no técnico

N. A. E. GIJÓN.

La manifestación de ayer es solo parte del inicio de una movilización mayor si el Gobierno no rectifica. Esta era la advertencia en la que coincidían ayer los máximos responsables de las organizaciones convocantes de la protesta, que amenazan con incrementar la presión hacia el Ejecutivo. «Que nos hagan caso dependerá de lo que hagamos en la calle, de lo que insistamos, y alguna cosa más habrá que hacer si no ceden», señalaba el presidente de la Asociación de Pensionistas de Asturias, Pepe Fuertes, que aclaraba que son «gente pacífica», pero también que cambiarán de estrategia si las manifestaciones no son suficientes.

En la misma línea se pronunciaba el secretario general de CC OO de Asturias, José Manuel Zapico. «Las movilizaciones van a continuar y serán cada vez más potentes hasta que el Gobierno rectifique», avisaba, para cargar contra unas medidas que, considera, están llamadas a potenciar los fondos de pensiones privados y beneficiar a la banca. Para Zapico, el problema está en la falta de ingresos del sistema, que se puede subsanar con mejores salarios, a través de impuestos y persiguiendo el fraude fiscal, que cifró en 90.000 millones anuales.

Por parte de la Asociación de Pensionistas de Gijón, Boni Arias, se mostró muy «orgulloso» de la participación en la manifestación e insistió en la necesidad de «derribar» a un Gobierno que se olvida de los pensionistas.

Mientras, el secretario general de UGT, Javier Fernández Lanero, puso el foco en el índice de sostenibilidad que, cada vez más, afectará a los pensionistas y, sobre todo, destacó, a los jóvenes. «UGT no va a entrar en una subasta, que suban el 0,25 o el 0,50, lo importante es que se revaloricen conforme al IPC», aseguró, para censurar propuestas «extravagantes», como vincular los pagos a si hay que pagar o no una hipoteca. «Este es un problema ideológico y político, no técnico. Es dónde queremos repercutir el beneficio que ganan las empresas, invertir en personas o en rescatar autopistas o bancos», señaló.

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