Las parroquias rurales cobrarán a las eléctricas por el paso de sus líneas por sus montes

Unas torres eléctricas en un monte del concejo de Caso.
Unas torres eléctricas en un monte del concejo de Caso. / J. C ROMÁN

La tasa también se impondrá a las empresas de gas y telefonía y con ella las 39 entidades locales de ámbito menor de Asturias prevén recaudar hasta 9 millones

DANIEL FERNÁNDEZ GIJÓN.

Las parroquias rurales declaran la guerra a las compañías eléctricas, de gas y telefonía. Las 39 entidades locales de ámbito menor de Asturias ultiman la redacción de una ordenanza por la que impondrán un canon a estas compañías por la utilización de sus montes para el paso de los tendidos y gasoductos. José Manuel García del Valle, secretario de la Federación Asturiana de Parroquias Rurales (Fapar), cree que con este canon estas administraciones pueden recaudar entre «siete y nueve millones de euros».

Las parroquias rurales han decidido elaborar este reglamento después de varias sentencias del Tribunal Supremo que han dado la razón a varias entidades locales del país -entre ellas, Cabrales- en el cobro de una tasa a las compañías de luz, telefonía y gas por el paso de las líneas por sus propiedades. Cabe recordar que las parroquias rurales son aquellas entidades locales de ámbito menor al concejo que tienen autonomía propia para gestionar sus recursos, como son los montes comunales, principales fuentes de ingreso de estas parroquias.

Gran parte de las líneas eléctricas y de telefonía, así como las conducciones de gas, atraviesan montes propiedad de estas entidades, sin abonar a las parroquias rurales por el uso de sus terrenos. «Hay algunas, como las de Barcia (Valdés) y Somao (Pravia) que están afectadas por hasta 20.000 metros lineales de tendido eléctrico o 4.000 por un gasoducto», explica García del Valle.

Así, la Fapar creó una comisión en la que participa un gabinete de ingenieros y la Universidad de Oviedo para elaborar unas ordenanzas que incluyan el cobro de una tasa a estas compañías. En un principio, se espera que este reglamento pueda estar redactado a finales de esta semana o a comienzos de la siguiente, para posteriormente publicarlo en los respectivos boletines oficiales y, tras un mes de periodo de alegaciones, comenzar a cobrar el canon en septiembre. «Estas líneas pasan por terrenos públicos y eso tienen que pagarlo, porque luego, las compañías, cobran al usuario sin miramiento», explicó el secretario de la Fapar.

Considera José Manuel García del Valle que este canon, con el que prevén recaudar hasta nueve millones de euros, es «importantísimo» para el medio rural, porque contribuirá a poner en marcha iniciativas e infraestructuras que contribuyan a evitar el despoblamiento.

La aprobación de este reglamento no tiene que pasar por los plenos de los ayuntamientos a los que pertenecen las parroquias rurales, puesto que estas entidades locales de ámbito menor tienen competencia para disponer de sus propias ordenanzas.

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