«Luchamos por las pensiones futuras»

«Luchamos por las pensiones futuras»
M. ROJAS / PAÑEDA / DAVID S. FUENTE / A. FLÓREZ

Los jubilados casi igualan en Asturias al número de trabajadores y suponen el 29% de la población | El colectivo, que quiere garantizar un «retiro digno» también para las próximas generaciones, continuará con las movilizaciones «hasta que nos escuchen»

SUSANA BAQUEDANO GIJÓN.

Llevan meses saliendo a la calle por toda España para protestar por la pérdida de poder adquisitivo. No son peligrosos antisistema, pero sus movilizaciones recuerdan a las del 15-M de 2011, en plena crisis económica, por el empoderamiento de un colectivo que, por primera vez, se ha dado cuenta de la fuerza que tiene. Son cerca de nueve millones de pensionistas que ven cómo su paga se mantiene prácticamente congelada, mientras la vida se encarece.

Este movimiento al que algunos han bautizado cariñosamente como la 'rebelión de los abuelos' está protagonizado por quienes han servido de colchón social durante la recesión económica a millones de familias hipotecadas y sin trabajo.

La gota que ha colmado el vaso se produjo a finales del año pasado, cuando el Consejo de Ministros aprobó el decreto de revalorización de las pensiones por el que, por cuarto año consecutivo, subirán el mínimo que marca la ley, esto es, un 0,25%. La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) ha previsto que, si se aplica la normativa actual, las pensiones experimentarán esa subida anual del 0,25% al menos hasta 2022, esto significará una pérdida de poder adquisitivo del 7% para los pensionistas en estos cinco años. Un buen recorte a su paga mensual en un 2018 que se estrenó con subidas de precios, entre ellos el de la luz, el gas, el teléfono o los peajes; y el IPC, la cesta de la compra, no se ha quedado a la zaga, con un incremento del 1,5%.

Los pensionistas han dicho «basta», «hasta aquí hemos llegado», y han llegado hasta las mismas puertas del Congreso de los Diputados, donde los partidos políticos se han visto sorprendidos por la contundencia de las protestas. Y tienen cuerda para rato, advierten. Ya están preparando nuevas movilizaciones. En Asturias, la próxima será en Gijón el día 17 de marzo.

¿Qué piden los pensionistas? «Pensiones dignas», pero no solo para quienes ya se han retirado del mercado laboral sino para todos los que van detrás. «Luchamos también por las jubilaciones de los jóvenes», dicen desde la Asociación de Pensionistas de Asturias, que viene reclamando que las pensiones se suban conforme al IPC y una reforma de la Constitución que sirva para «blindarlas», con el objetivo de evitar que «el Gobierno de turno» pueda perjudicar a este colectivo que en el Principado son hoy 301.038 personas, según los últimos datos del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Una cifra que supone ya el 29% de la población -con derecho de voto- y que se equipara prácticamente con la de trabajadores en activo. En el Principado solo hay 55.014 afiliados más que jubilados, una ratio de 1,1 que confirma la brecha entre cotizaciones y pensiones.

Este cada vez mayor desfase y el envejecimiento de la población son los principales factores que ponen en riesgo el sistema de pensiones. Las estimaciones demográficas apuntan que en 2040 los pensionistas en España serán 15 millones, 6 más que los 9 que hay actualmente. Ante esta situación, expertos apuntan que si la cantidad que el Gobierno asigna a las pensiones no crece por encima del 10% actual del PIB, a niveles de otros países del entorno, la bajada de las prestaciones puede llegar hasta un 40% de aquí a entonces.

Ante las protestas por la revalorización de las pensiones de un 0,25%, Hacienda ha anunciado la inclusión en los presupuestos de 2018 una ayuda directa para los contribuyentes de mayor edad. Esta medida solo afectaría a un tercio de los pensionistas, los de mayores ingresos, como indican los Técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha), que calculan que el 63% de los jubilados no pagan IRPF, el impuesto sobre el que el ministro Montoro ofrece una deducción para las personas mayores de 80 años.

A la pérdida de poder adquisitivo de los pensionistas por el incremento del IPC, los expertos suman otras dos cuestiones que podrían agravar la situación a partir del próximo año, cuando entren en vigor el Factor de Sostenibilidad y el Índice de Revalorización de las Pensiones (IRP).

El Factor de Sostenibilidad consiste en que la Seguridad Social fijará la primera pensión del nuevo jubilado de acuerdo con la esperanza de vida de su generación, teniendo en cuenta el último lustro. Según el BBVA en el primer año de aplicación, el Factor de Sostenibilidad supondría un descuento en la pensión del 0,47%. Por lo tanto, un pensionista que se jubilara en 2018 y cobrara una pensión de 1.000 euros, pasaría a percibir 995,3 euros si lo hiciera en 2019.

Mientras, el Gobierno niega que el sistema de pensiones esté en riesgo, pero aconseja ahorrar para «complementar» la pensión. Para animar la contratación de planes de pensiones privados el Ejecutivo aprobó recientemente una reforma de estos instrumentos que permitirá a partir del año 2025 recuperar, sin limitaciones, las aportaciones realizadas durante al menos 10 años a dichos planes, así como los rendimientos generados.

En cuanto a las nuevas iniciativas con las que trabaja el Ejecutivo para garantizar la viabilidad de las pensiones, la propuesta que el PP ha llevado al Pacto de Toledo sobre la reforma de las pensiones plantea la posibilidad de que los trabajadores que quieran jubilarse y hayan completado su carrera de cotización puedan elegir, voluntariamente, descontar sus peores años de cotización a efectos del cómputo de la pensión.

Los jubilados tienen claro que sus reivindicaciones pasan por que los aumentos de las pensiones cubran la subida de los precios y que los presupuestos de 2018 incluyan partidas para asegurar la financiación de la Seguridad Social. «No pararemos hasta que nos escuchen». Son conscientes de su fuerza en las urnas. Y ahí lanzan un aviso a navegantes: «Un Gobierno que no quiere ver que parte de sus ciudadanos está en la miseria no es un Gobierno».

Pilar Manzano, jubilada del ERA.
Pilar Manzano, jubilada del ERA. / MARIO ROJAS

«Hay gente que no puede pagar ni un jarabe antitusivo»

Un jarabe antitusivo cuesta entre 6 y 8 euros. Hay gente que no puede pagarlo porque cobra una pensión de entre 400 y 500 euros y encima tienen que ayudar a sus hijos en paro». No es el caso de Pilar Manzano, nacida en Pola de Lena, pero vecina de Oviedo. Ella es jubilada del ERA (Establecimientos Residenciales para Ancianos del Principado) y su paga le da «para vivir, sin muchos lujos», pero conoce casos de otros pensionistas con pagas raquíticas que no pueden hacer frente a unos gastos mensuales (luz, agua, seguros, comunidad, alimentación, etcétera) que pueden subir hasta 400 euros. Por ellos y por «vostros, por las generaciones futuras» es por lo que esta mujer comprometida y revolucionaria se ha implicado en esta «pelea». «Todos los derechos que hemos conseguido a partir del 75 fue a base de movilizaciones», afirma. «Y yo puedo durar los años que dure, pero salgo a la calle por las próximas generaciones. Tengo una hija que estudió y trabaja porque tuvo suerte, pero otros no tienen tanta. ¿Y si no cotizáis ni tenéis trabajos decentes, qué jubilaciones vais a cobrar las próximas generaciones», se pregunta.

Echando la vista atrás, recuerda cómo ella trabajó al principio «a salto de mata», como eventual del entonces Imserso, hasta que la creación del ERA. «Trabajé en geriatría, como operaria, porque siempre me gustó estar en contacto con la gente mayor. Si llega el caso, a mí me gustaría estar en una residencia pública. Ahí sabemos muy bien lo quieren los mayores: que les escuchen».

Pepe Fuertes, extraductor.
Pepe Fuertes, extraductor. / JOAQUÍN PAÑEDA

«Nadie debe pasarlo mal en la última etapa de la vida»

«Se me daban bien los idiomas». Por eso, Pepe Fuertes (nació en León en 1944, pero a los 9 años se mudó a Gijón con su familia) decidió viajar a Alemania en el año 63, tras su primera experiencia laboral como tornero en una industria de La Calzada, una vez finalizados los estudios de la entonces Formación Profesional que se impartía en la Universidad Laboral de Gijón. En Frankfurt, su primera parada, trabajó con un contrato de trabajo de un año en la matriz de Bayer. Luego se desplazaría a Nuremberg, para desde ahí dar el salto a Canadá. En 1972, con 30 años y tres idiomas además del castellano, regresa a Gijón, y dos años más tarde se casa con Myriam, su «vecinita de la infancia del barrio de La Calzada». Primero se colocó en Suministros Mineros Felgueroso, para entrar posteriormente en Ensidesa como traductor e intérprete. Trabajó veinte años con ese cometido y otros diez años en el departamento comercial.

Jubilado desde 2004, hace un año se juntó con otra docena de pensionistas para fundar la Asociación de Pensionistas de Asturias. Le mueve «la inquietud de resolver este grave problema que existe en el país». Reconoce que su situación es singular. «Tengo cuatro pensiones oficiales del Estado: la de España, dos de Canadá y una de Alemania; tres de ellas no dan ni para tomar café, pero con la contributiva vivo sin estrecheces». Pero Pepe es un hombre generoso y solidario y se ha metido en «este lío» porque quiere cambiar las cosas. «Un Estado que se llama del Bienestar no puede permitir que sus ciudadanos, en la última etapa de su vida, lo pasen mal», advierte. Así que por esta causa, peleará «hasta el final, hasta que nos escuchen».

Sergio Fernández, exfuncionario.
Sergio Fernández, exfuncionario. / DAVID S. FUENTE

«Echamos de menos el apoyo de los estudiantes»

Comenzó a trabajar en la empresa privada y recorrió explotaciones agropecuarias de Navarra, el País Vasco y Valladolid, hasta que sacó unas oposiciones del Ministerio de Agricultura donde estuvo el resto de su vida laboral, hasta su jubilación a finales de 2011. Desde entonces, Sergio Fernández Gayol (Tol, en Castropol, 1946) dice no tener ocupación específica pero tampoco tiene «ni un minuto libre al día». «Sigo dedicándome a las cosas del campo, que es lo que siempre me gustó». Reconoce que su pensión, la de un ex funcionario, es «digna», pero él lucha» por «la defensa del sistema público de pensiones», que es el lema de la coordinadora estatal. «Tengo hijos y nietos, que están con otras preocupaciones, y nuestra lucha es por ellos, por las generaciones futuras». Por ello, dice que los pensionistas echan de menos el apoyo de los estudiantes en estas movilizaciones que vienen desarrollándose en todo el país desde septiembre del año pasado. «Deberían concienciarse de que está en juego su futuro, y el futuro hay que crearlo», apunta.

Recuerda que los pensionistas que hoy están saliendo a las calles pertenece a la generación de los 40, «que vivimos la posguerra y estuvimos toda la vida laboral en lucha permanente, reivindicando derechos que se han ido perdiendo. También se perdió el espíritu de lucha; quizá no supimos transmitir a nuestros descendientes que en esta vida hay que competir permanentemente, con honestidad y sin perder el objetivo». «Nunca nadie nos va a regalar nada, todo hay que pelearlo y esto vale para todas las generaciones», avisa.

Román Camps, autónomo jubilado
Román Camps, autónomo jubilado / AURELIO FLÓREZ

«No tenemos hipoteca, pero sí el recibo de la luz»

Se llamaban mutuamente ‘Papi’ y ‘Mami’ y así bautizaron su café, un establecimiento del barrio de El Coto que repartió sus 30 años de existencia entre los números 36 y 40 de la calle González Mallada. El matrimonio formado por el catalán Román Camps y la asturiana Matilde Vallina funcionó también como pareja de este negocio de autónomos que echó el cierre en el otoño de 2012. Desde entonces, los dos jubilados se dedican a «disfrutar un poco más de la vida». Durante las tres décadas en que regentaron el bar «hicimos caja. No vivíamos mal, pero el trabajo de la hostelería es muy sacrificado. Nos llamaban los exclavos de El Coto», cuenta Román. Él ya se dedicaba a este sector desde el inicio de su vida laboral. «Comencé en la cafetería Villagrás, toda una academia para los que nos dedicamos a esto». Luego siguió empleado en diversos establecimientos de Gijón:Bicos, el Playboy, la Gloria y el Jockey. Dice que fue su mujer, «que tiene mucha vista», la que se dio cuenta de las posibilidades que tendría el futuro ‘Papi y Mami’.

Él, ‘Papi’, dice ser «revolucionario desde pequeño», por eso sale a la calle para reivindicar «lo que nos pertenece. En mi caso tendría que estar cobrando 600 euros más. Cotizó durante 33 años, sufrió el síndrome de pospolio y un grave accidente de tráfico que le llevó de juicio en juicio hasta conseguir el 100%. Y luego ves que hay 140.000 políticos que no han cotizado, y están los bancos... Nosotros no tenemos hipoteca, pero sí el recibo de la luz. Estamos cabreados». Y como ellos, están enfadados casi nueve millones de pensionistas en España.

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