Los Presupuestos de 2018 reservan 319 millones para la reestructuración de la minería

EFE

El Instituto para la Reestructuración de la Minería del Carbón y Desarrollo Alternativo de las Comarcas Mineras cuenta en el proyecto de Presupuestos Generales del Estado (PGE) para este año con una financiación de 319 millones de euros, 30 millones menos que en 2017.

Las políticas de Industria y Energía contarán en 2018 con unos recursos de 5.768 millones de euros, un 6,2 % más que en el ejercicio precedente, según recoge el PGE.

El proyecto de presupuestos recoge dotaciones para hacer aportaciones derivadas de los ingresos obtenidos por subastas de derecho de emisión de gases de efecto invernadero y de los ingresos tributarios, medidas fiscales para la sostenibilidad energética y transferencias para compensar el 50 % de los extracostes de generación eléctrica en los territorios no peninsulares, que suman 3.710 millones de euros.

Además se ha consignado una nueva dotación para financiar préstamos al Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE) por importe de 300 millones de euros, para impulsar la eficiencia energética y las energías renovables.

También se prevé una dotación de 50 millones de euros para financiar ayudas a las actuaciones de apoyo a la movilidad energéticamente eficiente y sostenible, a gestionar por el IDAE.

Para medidas de prevención y corrección frente a emergencias radiológicas de cualquier origen, el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) contará en 2018 con un presupuesto de 47 millones de euros.

En cuanto a industria, para reconversión y reindustrialización los presupuestos destinan 871 millones de euros, cuatro millones menos que los presupuestados para 2017.

Por su parte, el programa de desarrollo industrial estará dotado este año con 54 millones de euros, un 114,3 % más que en 2017, y se crea una línea de préstamos para la renovación de bienes de equipo, dotada con 30 millones de euros.

Para incentivos regionales a la localización industrial, en 2018 se destinarán 60 millones de euros en subvenciones a fondo perdido a empresas privadas que realicen proyectos de inversión en las áreas geográficas definidas por el Gobierno, cuatro millones menos que en los presupuestos de 2017.

A regulación y protección de la propiedad industrial se destinarán 51 millones de euros en el ejercicio 2018, cuatro millones más que en 2017.

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