PSOE y UGT acusan al Gobierno de «esquirolaje» por «no respetar el derecho de huelga»

Agentes de la Guardia Civil custodian los accesos a las puertas de embarque.
Agentes de la Guardia Civil custodian los accesos a las puertas de embarque. / Quique García (Efe)

Critican que la Guardia Civil haya tomado el control de la seguridad de El Prat para minimizar el paro de los vigilantes

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El secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, ha afirmado que el uso de la Guardia Civil para garantizar la operatividad del aeropuerto de El Prat "no deja de ser una forma de esquirolaje" que atenta contra el derecho a la huelga.

Ábalos ha criticado en Cuatro la actuación del Gobierno en el conflicto laboral que mantienen los trabajadores de seguridad de la empresa Eulen en el aeropuerto de Barcelona. Tras recalcar que el Ejecutivo "en ningún momento ha contemplado las consecuencias nefastas de su política laboral", ha recalcado que en este caso "es evidente que ha estado al margen del conflicto como si fuera una cuestión de una empresa privada".

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Ha subrayado que, aunque se trata de un servicio privatizado, sigue siendo un servicio público y, por tanto, la responsabilidad también en última instancia. Sin embargo, según el dirigente socialista, el Gobierno y Aena únicamente han actuado cuando la situación se ha convertido en "insostenible". "Y lo están arreglando de un modo absolutamente autoritario, sin ninguna sensibilidad hacia las condiciones de trabajo y sin ningún respeto al derecho de huelga", ha denunciado Ábalos, para quien los servicios mínimos planteados invalidan el derecho a huelga.

También el secretario de seguridad de UGT, Sergio Picallo, ha afirmado este lunes que el Gobierno está violando "completamente" el derecho de huelga de los trabajadores de seguridad del aeropuerto de El Prat, porque "no se puede considerar como una situación de normalidad que la Guardia Civil esté sustituyendo a trabajadores que están ejerciendo el derecho a huelga".

En declaraciones a Cadena Ser, Picallo ha manifestado su desacuerdo con la posición del Gobierno de convocar un arbitraje obligatorio -figura recogida en una norma de 1977 para "acordar la reanudación de la actividad laboral de modo temporal o definitivo" de huelgas con "perjuicio grave de la economía nacional"-. Para el dirigente de UGT "imponer un laudo arbitral es eludir la responsabilidad de la negociación" imponiendo condiciones "que a ninguna de las partes le resulta satisfactoria".

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